La Coalición Cívica Impulsa una Nueva Acción Judicial Tras el apartamiento del Juez Rafecas
Reacción ante la Decisión de la Cámara Federal
Después de que la Cámara Federal de Comodoro Py decidiera apartar al juez Daniel Rafecas de la investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la adquisición de una mansión en Villa Rosa, Pilar, los miembros de la Coalición Cívica que destaparon esta lujosa propiedad, que abarca 105 mil metros cuadrados, han presentado una nueva acción judicial. Solicitaron a la Procuración General de la Nación que se interponga un recurso para revertir el fallo y devolver el caso al ámbito federal.La solicitud fue realizada por Juan Facundo Del Gaiso y Matías yofe ante el procurador Eduardo Casal. En su presentación, cuestionan firmemente la decisión tomada por la Cámara, que durante los allanamientos ordenados por Rafecas decidió trasladar el caso al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente bajo subrogación del juez Marcelo Aguinsky.
Argumentos Jurídicos sobre Competencia
Según documentos a los cuales tuvo acceso clarín, se argumenta que este cambio hacia el fuero penal económico es «jurídicamente erróneo y contrario al marco normativo vigente». Los denunciantes sostienen que el núcleo central de esta investigación gira en torno al delito tipificado como lavado de activos en el artículo 303 del Código Penal argentino. Este tipo delictivo debe ser tratado por los tribunales federales comunes.
En su escrito legal, enfatizan que tras las reformas introducidas por ley 26.683, el lavado dejó atrás su consideración como forma agravada del encubrimiento para convertirse en un delito autónomo con implicaciones significativas para el orden económico y financiero nacional. Además, compromete las obligaciones internacionales asumidas por Argentina.
Los denunciantes también citan precedentes establecidos por la Corte Suprema donde se determina claramente que las investigaciones relacionadas con lavado deben llevarse a cabo dentro del fuero federal debido a su impacto sobre intereses supraindividuales del Estado nacional. resaltan además que este fuero penal económico es excepcional y tiene competencias limitadas a delitos específicos definidos legalmente —como aquellos tributarios o aduaneros— donde no se incluye explícitamente lo estipulado en el artículo 303.
Cuestionamientos Adicionales sobre Competencia
Asimismo, critican cómo se ha definido competencia basándose únicamente en características «económico-financieras» o posibles maniobras económicas subyacentes asociadas al delito investigado.Según ellos, tal criterio carece completamente de fundamento legal y no puede justificar adecuadamente un cambio hacia otro fuero distinto al federal común.
Otro aspecto crucial mencionado es que determinar si los fondos presuntamente lavados provienen o no de delitos previos resulta irrelevante para establecer competencia judicial.En este sentido citan jurisprudencia reciente indicando que tras las reformas legales pertinentes ya no existe dependencia entre delitos anteriores y competencia judicial; más bien depende directamente del bien jurídico afectado.
Ampliación e Inclusión Nuevos Hechos
Del Gaiso y Yofe también han ampliado su denuncia original incorporando nuevos hechos documentados así como pruebas adicionales relevantes. En este contexto solicitan incluir entre los investigados a Pablo Toviggino —actual presidente ejecutivo adjunto AFA— junto con Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz debido a sus supuestas participaciones en maniobras realizadas mediante empresas como Soma SRL, Malte SRL y Wicca.La causa inicial surgió tras una denuncia presentada por parte de Coalición Cívica contra Luciano Pantano junto con su madre Ana Lucía Conte; ambos son propietarios reales detrás Real Central SRL —la firma dueña del inmueble mencionado anteriormente—. en esa primera presentación se solicitó investigar si Claudio Chiqui Tapia (presidente actual AFA) o Toviggino serían realmente los verdaderos propietarios detrás dicha propiedad lujosa ubicada en Villa Rosa.
El expediente fue inicialmente asignado a Rafecas quien llevó adelante varios allanamientos tanto dentro como fuera Villa Rosa; además prohibió temporalmente salir del país tanto Pantano como Conte mientras embargaba sus cuentas bancarias así como las pertenecientes sociedad involucrada.
Sin embargo luego surgieron conflictos competenciales entre juzgados lo cual llevó finalmente a decidir desde La Cámara Federal trasladar dicho caso hacia fuero penal económico argumentando compromisos relacionados orden financiero sin funcionarios públicos implicados hasta ese momento presente.
