En un claro y directo desafío al Gobierno nacional, las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense distribuyeron un instructivo a todas las escuelas provinciales para rechazar las “inspecciones” que anunció el Ministerio de Capital Humano de la Nación para garantizar la cobertura del 75% del servicio durante el paro docente de este lunes.
La gestión de Axel Kicillof notificó a directores, inspectores y autoridades de todo el sistema educativo que la Nación deberá «abstenerse” de fiscalizar la actividad escolar durante la medida de fuerza. Fue más allá: funcionarios nacionales no podrán “solicitar información para verificar el cumplimiento de los ‘pisos de prestación mínima’ previstos en el artículo 101 de la Ley 27.802, o de realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público de nuestra jurisdicción”.
En el Gobierno nacional explicaron que esa nota «tiene una contradicción evidente: reconoce que la administración del sistema educativo es provincial y que la cuestión salarial es de su exclusiva competencia, pero insiste en responsabilizar a Nación por un conflicto salarial que debe resolver la propia Provincia».
Según pudo constatar Clarín en la capital bonaerense, los distritos vecinos y en municipios del conurbano, la huelga convocada por Ctera tiene alta adhesión en el sector estatal. Los establecimientos del centro de La Plata tienen carteles que informan sobre la inasistencia de casi todos los maestros y profesores. Los anuncios alcanzan el turno mañana y el de la tarde. Los institutos de gestión privada funcionan con normalidad.
“En casi todos los colegios estatales se informó a los padres por las cadenas de Whatsapp que no había actividad”, dijo a Clarín un dirigente de Suteba local.
La medida es en todo el país. Ctera exige la reapertura de la paritaria nacional (nunca se reunió con el gobierno de Javier Milei), la reinstauración del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y una recomposición salarial, entre otros reclamos. Pero el paro quedó encuadrado en una disputa normativa.
Es que se trata de la primera jornada de reclamo sindical con la nueva Ley de Reforma Laboral, que declaró a la educación como “servicio esencial”. Y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó el fin de semana que se concretarían inspecciones para garantizar una cobertura mínima.
La DGCyE le aclaró a las autoridades regionales y distritales que no deben hacer ningún tipo de declaración ni suministrar información “a agentes de extraña jurisdicción”. La ministra Flavia Terigi se alinea con los gremios que rechazan las inspecciones. Y a través de la comunicación remitida este lunes establece que ante una eventual aparición de agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, “las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría nacional», precisaron.
La perspectiva desde la administración de Pettovello es otra. «La Secretaría de Trabajo de la Nación tiene facultad plena en materia de relaciones laborales y asociaciones sindicales. Es la que otorga la personería gremial a las organizaciones sindicales y tiene facultades evidentes para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. No atacamos los docentes, verificamos el accionar de los sindicatos», aclararon fuentes del Gobierno.
Las autoridades provinciales se amparan en que “el artículo 6 de la Constitución nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente”.
“La solicitud de informes por parte de una Secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local“, indicaron.
Inspecciones en escuelas por el paro
Según pudo averiguar Clarín a través de voceros oficiales, en las primeras horas del lunes hubo inspecciones en la escuela 11 «Florentino Ameghino» de La Plata; en la 1 «Francicos A. Berra» de la caputal provincial, en la 1 «Bartomolé Mitre» de Lonas de Zamora; en la primaria 16 «J. V. Gonzalez» de Bahía Blanca; en la 13 «Hipólito Irigoyen, de Lanús y en la 15 de Boulogne, entre otras. «En todas había menos de 40% de cobertura. Por lo tanto no cumplía con la nueva ley», explicaron.
En Buenos Aires al paro se sumaron otros sindicatos (FEB, Amet, Sadop, Udocba). Además, un sector disidente de la conducción de Suteba (la lista Multicolor) fijó una jornada de protesta de 48 horas. Quiere decir que muchas escuelas tendrán dos días sin actividad. En el Gran Buenos Aires y en la capital provincial ya advierten sobre esa situación.
Los disidentes de Suteba rechazan los acuerdos que la conducción oficial hizo en la negociación salarial con Provincia. Hace 20 días, Kicillof firmo un aumento del 7% acumulado, que se abonará en dos tramos: un 5% con los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.
De esta manera, un trabajador con 10 años de antigüedad cobra de bolsillo (neto) $ 885.901 como preceptor, $ 1.018.575 como maestro de grado de jornada simple y $ 1.380.137 como profesor. El Maestro de grado de Jornada Completa alcanzará un salario de $ 1.982.586 en julio y de $ 2.037.149 en agosto.
“Es un sueldo de miseria”, se quejó Olga Ortigoza secretaria adjunta de Suteba La Matanza, que se opone al manejo institucional del gremio.
María Laura Torre, secretaria de Suteba (reemplazó a Roberto Baradel en mayo pasado) llamó “comunicado de apriete” al anuncio de Petovelo
“Nación no tiene injerencia para intervenir en una escuela. En vez de estar jugando en las redes sociales con comunicados de apriete, lo que deberían estar haciendo es convocar a la paritaria“, pidió la dirigente.
La Plata. Corresponsal
MG
