Disputa Territorial entre La Rioja y San Juan: Un Conflicto Histórico Resurge
A casi dos siglos de que Juan Facundo Quiroga,conocido como «el Tigre de los Llanos»,propusiera la unión de San Juan y La Rioja en una sola provincia,un nuevo conflicto ha emergido. Esta vez,el gobierno riojano ha planteado una discusión sobre los límites interprovinciales en un contexto donde un importante proyecto minero en el noroeste sanjuanino generará ingresos para esa provincia y facilitará el tránsito de cargas por la otra.
el Proyecto de Ley que Reactiva la Controversia
En junio pasado, el gobernador Ricardo Quintela presentó a la Legislatura un proyecto destinado a reabrir el reclamo sobre aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados que fueron transferidos por las autoridades militares de La Rioja a San Juan en 1967. Este tema ha cobrado relevancia y ha suscitado una fuerte oposición del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
Aunque ambos gobernadores pertenecen al Partido Justicialista, sus posturas son marcadamente diferentes: Quintela es un firme defensor de Cristina Kirchner, mientras que Orrego mantiene relaciones cercanas con la administración actual liderada por javier Milei. De hecho, su provincia se destaca como uno de los principales promotores del Régimen de incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), orientado al desarrollo minero.
Recientemente, con apoyo mayoritario del bloque peronista en la Legislatura riojana, se aprobó esta iniciativa que fue promulgada por Quintela. En su discurso tras la promulgación, afirmó que esta norma permitirá iniciar «acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano».
Nulidad Legal y Acciones Judiciales
La nueva legislación busca declarar nula la Ley Nacional 18.004 sancionada en 1968 —que estableció los límites interprovinciales— argumentando que dicha delimitación se realizó sin consulta al Congreso ni participación adecuada. Quintela enfatizó: “Hoy promulgué la Ley N° 10.876… La soberanía territorial exige defensa irrestricta”.
Además, esta ley establece la creación de una comisión encargada del estudio exhaustivo del tema e instruye a la Fiscalía estatal para iniciar acciones legales ante la Corte Suprema con el fin de revisar dicha ley nacional e implementar medidas cautelares contra cualquier actividad minera hasta resolver este conflicto.
Desde San Juan, Orrego descalificó las intenciones del gobierno riojano afirmando que se trata simplemente «de un proyecto para reclamar territorio legítimamente sanjuanino».Reiteró su postura señalando: “Nuestra jurisdicción no está en discusión”, recordando además que estos límites han estado vigentes durante más de cinco décadas y fueron confirmados por el Congreso en 2014.
El mandatario instó a todas las fuerzas políticas locales a defender lo correspondiente mediante acciones firmes basadas en leyes existentes.
Reacciones Políticas y Contexto Minero Actual
El jueves pasado también fue aprobada por parte de legisladores sanjuaninos una nueva Ley destinada al Desarrollo Local Minero; Fabián Martín, vicegobernador provincial destacó su importancia como motor económico capaz generar empleo e impulsar comunidades enteras hacia adelante.
La promulgación reciente desde La Rioja provocó reacciones inmediatas entre funcionarios sanjuaninos quienes consideran las acciones como meras bravatas sin fundamento legal sólido; Rodolfo Colombo comparó estas reclamaciones con absurdos territoriales tales como afirmar derechos sobre regiones distantes sin justificación válida.
Por otro lado, Pedro Goycochea —asesor general del gobierno riojano— aclaró ante medios locales que no buscan confrontar directamente con San Juan sino más bien cuestionar si realmente tiene validez legal aquella ley impuesta durante dictaduras pasadas según lo indicado recientemente por fallos judiciales previos relacionados con este asunto territorial.
En respuesta a estas declaraciones desde San Juan , Sebastián Dávila —fiscal estatal— reafirmó categóricamente: “No hay dudas respecto a nuestras fronteras; están definidas desde hace años”. Además subrayaron cómo cualquier disputa interprovincial debe ser resuelta exclusivamente mediante instancias judiciales nacionales competentes o legislativas correspondientes .
Finalmente , cabe destacar cómo tanto provincias involucradas deben considerar también aspectos económicos derivados especialmente regalías provenientes recursos naturales extraídos dentro sus respectivos territorios . Según establece nuestra Constitución Nacional reformada (1994), estos recursos pertenecen indiscutiblemente cada jurisdicción provincial .
Este renovado enfrentamiento entre ambas provincias pone nuevamente sobre relieve viejas tensiones históricas mientras avanza hacia nuevos horizontes económicos impulsados principalmente minería .
