La mutilación que sufrió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo a Sergio Massa como responsable externo, según el Gobierno, más allá de que las críticas puertas adentro fueron hacia el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El rol del exministro de Economía, excandidato a presidente y referente del PJ fue central en las negociaciones con senadores que responden a gobernadores del peronismo y tienen buen diálogo con el Gobierno.
El líder del Frente Renovador, en charlas privadas, reconoce haber conversado con tres de ellos. En el Gobierno creen que fueron más, la mayor parte de un grupo de nueve al menos que le dieron la espalda al proyecto y que responden a mandatarios del PJ.
Las charlas de Massa se dieron especialmente con los tres senadores que forman parte de Convicción Federal, un bloque que ha votado alineado al Gobierno en diferentes iniciativas en el último año: Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
En el caso de la jujeña Moisés es una senadora cercana a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; en el de Andrada, responde al mandatario catamarqueño Raúl Jalil; en el de Mendoza, directamente al tucumano Osvaldo Jaldo. Todos tienen buen diálogo con Casa Rosada, pero se diferenciaron en este caso.
El tema es que al Gobierno le faltaron más votos el jueves: los santacruceños Carambia y Gadano tampoco apoyaron, ni la tucumana «Betty» Ávila, ni la salteña Flavia Royón, ni la cordobesa Alejandra Vigo ni la neuquina Julieta Corroza. En otros casos, sí venían acompañando.
Desde el massismo insisten en que dialogaron con el terceto de senadores que se encuentran en Convicción Federal, pero se desligan del resto de las negociaciones para voltear la mitad del proyecto de ley de propiedad privada.
«Se habló con tres senadores sobre 38. Con el resto no se habló; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y el resto dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», deslizan desde el massismo, con picardía sobre la responsabilidad del Gobierno.
Fuentes de Frente Renovador dicen que en el caso de Moisés y los otros senadores de Convicción Federal, desde el oficialismo «no los llamaron en ningún momento, después de haberlos usado durante mucho tiempo». Adjudican, además, no sólo la influencia de Massa para negociar, sino también la de referentes K del Senado como Juliana Di Tullio o de Diputados, como Germán Martínez.
En el mileísmo hay quienes adjudican también a contactos previos con Massa las frases del mismo miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes dijeron estar «hinchado las pelotas» y «podrida», de la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Qué puede avanzar y qué se puede caer
Apenas una semana pasó de la entrevista de Patricia Bullrich con Clarín en la que planteaba la idea de máxima del Gobierno de sesionar todas las semanas en el Senado durante agosto y septiembre. La experiencia de la primera semana del mes hace difícil imaginar que así sea.
En la Cámara alta las expectativas ahora se centran en poder sacar adelante la Ley Hojarasca, que ya tiene media sanción en Diputados y que tendría consenso generalizado entre la mayoría de los bloques aliados.
Esta semana también tienen que tratarse pliegos de jueces, un caballito de batalla del cual el Gobierno se jactó el martes pasado: se enviaron en total 203 pliegos de magistrados para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial. El ministro Juan Bautista Mahiques definió la cifra como un «récord» histórico.
Para más adelante quedarán proyectos que tiene que tratar primero Diputados, como por ejemplo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, determinante para Milei. Lo que piden en el Senado es que lo que venga no mezcle «peras con bananas» como paso en proyectos recientes.
Por eso le ven pocas posibilidades de avanzar así como están a la ley de sociedades, especialmente al capítulo que permite crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento ordinario, y a la que apuntaba a desregular la actividad de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, anunciada en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el coloso -o ex- Federico Sturzenegger.
