Santa Fe se convirtió esta semana en la primera provincia en contar con una ley específica para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la Ley Ema, que crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ambito Educativo, una herramienta para prevenir, detectar y acompañar situaciones que afectan cada vez más a niños, niñas y adolescentes.
La norma contempla la elaboración de guías de actuación, capacitación para docentes y equipos educativos, incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento y privacidad, además de mecanismos de articulación entre escuelas, familias y organismos del Estado.
Busca dar respuesta a problemáticas como el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el hostigamiento en redes sociales, la suplantación de identidad, la extorsión digital y otras formas de violencia que pasaron a ser parte de la vida cotidiana de chicas y chicos.
La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente de 15 años que se suicidó el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero difundiera sin su consentimiento un video íntimo entre estudiantes de su escuela. Su historia dio origen a una campaña impulsada por su familia para que nadie más tenga que pasar por una tragedia semejante.
«Transformé el dolor en acción»
Para Laura Sánchez, mamá de Ema, la sanción de la ley en Santa Fe es mucho más que un avance legislativo: «Recibimos la noticia con mucha emoción. Es un inicio, un punto de partida, un gran paso y ojalá se empiece a replicar. Estoy muy contenta porque se aprobó en tiempo récord y por unanimidad», dice a Clarín.
«Es una problemática transversal que no tiene color político partidario. Es necesario que existan estas leyes. Corremos detrás de una problemática que ya tiene varios años y que la pandemia terminó por acelerar», asegura.
Laura considera que la creación de políticas públicas es indispensable para construir «territorios digitales libres de violencia», porque «todo lo que pasa en la realidad también está pasando en la digitalidad».
«Pude transformar el dolor en acción y logré esa transformación por el amor a Ema -dice-. Su amor es lo que me impulsa».
Un clic que cambió todo
El viernes 23 de agosto de 2024 un compañero de Ema difundió en redes sociales un video íntimo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre estudiantes de la escuela.
Veinticuatro horas después, Ema decidió terminar con su vida en la habitación de su casa de Longchamps. Su mamá había salido apenas unos minutos para comprarle unas galletitas.
«Un clic había destruido todo lo que teníamos. Un clic había dejado truncos mil sueños que mi hija tenía por delante», recordó Laura meses después, durante la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley para prevenir la violencia digital en las escuelas.
Al principio, contó, ni siquiera sabía cómo nombrar lo ocurrido. «La vida me ponía de cara a la violencia digital de género. Nunca la había oído nombrar. Después, en mis largas noches de desvelo, empecé a leer porque quería entender qué era esto de la violencia digital que se había cobrado la vida de mi hija. Y así supe que no le había pasado solo a Ema».
Desde entonces convirtió ese duelo en militancia. Junto a organizaciones especializadas y legisladoras nacionales impulsó una guía para escuelas y un proyecto de ley nacional orientado a la prevención de estas violencias en el ámbito educativo.
«Lo que le pasó a Ema nos enfrenta como sociedad a mirar la problemática. Lo virtual es real y nos atraviesa a todos. Sabemos que la franja etaria más vulnerable es la de los adolescentes. Necesitamos políticas públicas con derechos en entornos digitales urgente», repite.
Una ley que obliga al Estado
La diputada provincial Celia Arena, autora de la iniciativa en Santa Fe, sostiene que la decisión de convertir el proyecto en ley fue para garantizar que las herramientas continúen más allá de los cambios de gobierno.
«Trabajamos fuerte y lo planteamos como ley porque una ley convierte una buena intención en una obligación del Estado. Algo que depende únicamente de la voluntad de una gestión puede cambiar o desaparecer», explica a Clarín.
Según Arena, la norma otorga un respaldo institucional que antes no existía: «Cuando es ley, las escuelas y todo el ámbito educativo tienen derecho a contar con esas herramientas. El Ministerio de Educación tiene la obligación de implementarlas y las familias pueden exigir que eso ocurra».
La legisladora remarcó que la violencia digital «no es un problema pasajero» y destacó que la Ley Olimpia, aprobada a nivel nacional en 2025, ya reconoció la violencia digital como una modalidad específica de violencia de género.
«Necesitamos una política pública permanente. Las leyes expresan las prioridades de una sociedad y que Santa Fe tenga una ley significa que estamos diciendo que la violencia digital es un problema real», asegura.
«Las escuelas no van a estar solas, ni las familias ni los chicos y las chicas a la hora de enfrentarlo. La ley garantiza continuidad, asigna responsabilidades y crea derechos que trascienden a cualquier gobierno», agrega Arenas.
Una problemática que ya entró al aula
Aunque muchos episodios ocurren fuera del horario escolar y en redes sociales, sus consecuencias impactan directamente sobre la convivencia y la comunidad educativa.
Por eso la ley busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo a través de capacitación docente, contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y uso responsable de las tecnologías, además de guías de actuación para intervenir ante situaciones de violencia.
«La ley no establece un protocolo rígido porque en todo lo que tiene que ver con tecnología un protocolo puede quedar viejo muy rápido. Lo que plantea son guías de actuación: dónde acudir, qué hacer y cómo acompañar», explica Arena.
La diputada aclara que la intención no es trasladar toda la responsabilidad a las escuelas: «Al contrario. Es darles herramientas para abordar una problemática que ya está en la vida cotidiana de los chicos y chicas y que inevitablemente ingresa al ámbito escolar».
Algo a destacar es el amplio consenso político. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y recibió aportes tanto del oficialismo como de la oposición.
Arenas explica que el proyecto se trabajó de manera transversal en las comisiones, se unificó con una iniciativa presentada en el Senado y se elaboró junto al Poder Ejecutivo para asegurar que pudiera implementarse efectivamente: «Quien tiene que instrumentarla es el Ministerio de Educación. Si no, una ley puede quedar como una expresión de deseos. Por eso trabajamos con todos los sectores».
Un antecedente para el país
La sanción de la Ley Ema se inscribe en un proceso más amplio de reconocimiento de las violencias digitales en Argentina. En 2025 entró en vigencia la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de la Ley 26.485 y habilitó medidas judiciales para retirar contenidos que vulneren derechos.
Al mismo tiempo continúa el impulso de la llamada Ley Belén, que propone incorporar estos hechos al Código Penal. El proyecto recuerda a Belén San Román, la policía bonaerense de 25 años que también se suicidó después de que un video íntimo fuera difundido sin su consentimiento.
Ahora Santa Fe suma un nuevo antecedente: el primero orientado específicamente al ámbito educativo.
