Un total de 191 coimas se le atribuyen a Cristina Kirchner en el marco del expediente der los Cuadernos de las coimas conocido como la “Camarita”, donde se investigó la cartelización de la obra pública vial. Ese será el contexto en el que se tomarán las nuevas declaraciones testimoniales en el juicio oral que tiene a cargo el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Desde este martes subirán al estrado ex integrantes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), entre ellos Javier Iguacel quien durante la administración macrista denunció las irregularidades en las rutas otorgadas a Lázaro Báez.
La semana pasada se escucharon los últimos testigos correspondientes a un extenso listado de funcionarios de la ex AFIP, que por pedido del juez Claudio Bonadio fiscalizaron la contabilidad de las empresas supuestamente involucradas en la trama de sobornos, y que coincidieron en su testimonio respecto de retiros millonarios de dinero por ventanilla sin justificación incluso en las fechas y con los montos que había manifestado el financista K Ernesto Clarens en su confesión.
Ahora la fiscal Fabiana León avanza con otro grupo de testigos: ex integrantes de Vialidad Nacional, que serán abordados en relación al tramo conocido como la “Camarita”, el mecanismo que posibilitó la cartelización de la obra pública vial, que estiman llegó a mover más de 30 millones de dólares.
Subirá al estrado Javier Iguacel, ex titular de la DNV durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue quien entregó a la justicia federal la auditoría que impulsó el caso Vialidad y que concluyó en diciembre de 2022 con la condena a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti y José López, entre otros.
El tramo de la “Camarita” cuenta con 51 imputados y 191 hechos de cohecho activo y pasivo investigados. Además de Iguacel, declararán este martes Ignacio Irigaray, César Neira, Juan Carlos Sereno y Néstor Bouvier.
La causa se delineó sobre tres pilares que posibilitaron desentrañar el circuito de sobornos alrededor de la Cámara de la Construcción. Se trata de las confesiones del ex secretario de Obras Públicas, José López, el financista K, Ernesto Clarens y esencialmente, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien dio detalles respecto a cuánto ascendían los retornos que pedía el gobierno kirchnerista.
Un esquema de sobornos y tres voces clave
Los arrepentidos coincidieron al describir la existencia de un circuito de sobornos desde la Cámara de la Construcción. “Refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”, indica la acusación.
Carlos Wagner dijo que el anticipo financiero era “normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra”.
Cuando ese valor se fijaba, el presidente de la Cámara se lo pasaba a José López y él, a su vez, “se la pasaba a la gente de vialidad para que lo incluyan en el listado del próximo mes. El listado que me pasaba la gente de la DNV era un listado de certificados de obra ejecutado por las empresas y que se adeudaba. El porcentaje del 3% era un acuerdo que tenían con Clarens”.
El requerimiento de elevación a juicio, se escucharon más detalles sobre el mecanismo de recaudación de fondos ilegales instaurado. Se explicó, entonces, por qué el nombre de la “Camarita”.
Se reunía un grupo reducido de empresarios en un lugar determinado, “entre esos lugares estaba la Cámara de Empresas Viales”. Clarens dijo que consistía en un “sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”.
Se acusó a Wagner de haber sido el responsable de “diagramar el funcionamiento y poner en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales”. El esquema consistía en nominar a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos.
En ese marco, se le imputó al ex presidente de la Cámara de la Construcción “participar y orquestar la estructura para facilitar la selección directa de determinadas empresas, dejando de lado las vías administrativas que debían cumplirse”. El procedimiento era garantizado por Wagner y con ese mecanismo también se determinaban los pagos ilegales que las empresas debían hacer.
El financista K Ernesto Clarens era quien recibía directamente los pagos de las empresas viales, siendo el único encargado de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales.
En su confesión, Clarens manifestó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación: eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.
Una de las veces en la que declaró Ernesto Clarens, sostuvo que “La Camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente”.
Había un segundo listado correspondiente al “ranking de las empresas cartelizadas. Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas”.
