Procesamiento de Funcionarios por Ataque a la Residencia de José luis Espert
la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha decidido procesar a la concejal de Quilmes, Eva Mieri, a Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres y diversidades de la provincia de Buenos Aires, y a iván Díaz Bianchi, empleado en un hospital provincial en Vicente López. este procesamiento se debe al ataque con estiércol que tuvo como objetivo la vivienda del diputado José Luis Espert. En una reciente declaración, Arroyo Salgado expuso los fundamentos detrás de su decisión y los delitos que se les imputan.
Detalles del Proceso Judicial
En una entrevista concedida a Todo Noticias, Arroyo Salgado proporcionó información sobre las acusaciones formuladas contra Mieri y Abaigar. La jueza destacó que ambas funcionarias desempeñaron roles clave en la organización y planificación del ataque. «Se trata de dos funcionarias que actuaron en contra de lo que sus cargos demandan», subrayó.
Particularmente sobre Eva mieri, quien es considerada una figura cercana a la intendenta Mayra Mendoza, se le imputa malversación de fondos públicos. «Es importante recordar que para llevar a cabo el acto ilícito utilizó una camioneta perteneciente a un particular pero destinada al uso municipal dentro del marco de una licitación», explicó Arroyo Salgado.
La magistrada puntualizó: «Lo que se le acusa es haber utilizado ese vehículo para fines distintos a los previstos». Como funcionaria pública, Mieri tiene el deber ético y legal de gestionar adecuadamente los recursos públicos.
acusaciones Adicionales
Según el fallo emitido el viernes pasado,tanto Mieri como Abaigar fueron identificadas como organizadoras dentro de un grupo transitorio cuyo objetivo era intimidar al diputado Espert y al resto de quienes no comparten sus ideales políticos mediante actos violentos. Este hecho fue agravado por el uso indebido bienes estatales debido al cargo público ocupado por Mieri.
Arroyo Salgado detalló este domingo que las acusadas enfrentan cargos bajo el artículo 213 bis del Código penal argentino por formar parte activa en organizaciones destinadas a imponer ideas o combatir otras mediante violencia o intimidación. Esta infracción conlleva penas entre tres y ocho años tras las rejas.
Además, todos los imputados están acusados por «amenazas coactivas agravadas» debido a su naturaleza anónima; estas amenazas buscan forzar acciones u omisiones contrarias a la voluntad individual afectada.
Durante su intervención mediática también mencionó otros delitos relacionados con incitación al odio o persecución política conforme lo estipulado en la Ley sobre Actos Discriminatorios. Asimismo añadió cargos por falsificación o alteración intencionada relacionada con las matrículas vehiculares utilizadas durante el ataque; esto indica un intento deliberado por ocultar su identidad durante el acto ilícito.
Defensa ante Críticas
A pesar del revuelo generado alrededor del caso e incluso cuestionamientos sobre su decisión respecto al encarcelamiento preventivo para estas funcionarias públicas, Arroyo Salgado defendió firmemente sus acciones: “No subestimo ninguna amenaza; mi deber es investigarlas”, afirmó contundentemente durante la entrevista.Recordando casos previos donde intervino ante amenazas dirigidas hacia figuras políticas como Esteban bullrich o Eugenio Burzaco —exsecretario nacional— enfatizó: “Mi enfoque no depende del color político involucrado; actúo conforme lo establece la ley”. Además agregó: “Marcar propiedades privadas pertenecientes funcionarios es un hecho grave per se”.
Este caso continúa generando atención mediática mientras avanza judicialmente con varias personas ya exoneradas e investigaciones adicionales pendientes para otros implicados sin suficientes pruebas hasta ahora para proceder formalmente contra ellos.
