Guillermo Montenegro Defiende su Estrategia de Seguridad en General Pueyrredón
Postura Firme ante las críticas
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, reafirmó este lunes su enfoque «antifisuras» en los operativos de seguridad destinados a combatir actividades ilegales en su jurisdicción. Durante una audiencia judicial, donde fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) debido a su supuesta dureza en el manejo de la seguridad pública, Montenegro enfatizó que «el espacio público debe ser un lugar para quienes trabajan honestamente y no para aquellos que delinquen».
La denuncia contra el intendente se presenta como un tercer habeas corpus promovido por la CPM, un organismo vinculado al gobierno provincial. En esta conciliación llevada a cabo en el Palacio de Tribunales de Mar del Plata, Montenegro estuvo acompañado por Mariano Goncalvez, secretario de Seguridad, y Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social.
La Defensa del Intendente
En declaraciones posteriores a la audiencia, Montenegro expresó: “No es aceptable que los delincuentes se sientan seguros mientras quienes trabajan deben preocuparse por dónde caminan o dónde estacionan sus vehículos porque les dicen ‘aquí no puedes dejarlo’ o ‘dame tanto dinero’”.
El intendente también criticó abiertamente a la CPM al calificarla como “una comisión financiada por la Provincia”, subrayando que su compromiso es con “los marplatenses y aquellos que laboran”, no con los delincuentes.
Montenegro abordó además una problemática específica relacionada con las ocupaciones ilegales del espacio público en mar del Plata. Afirmó: «ahora están enviando personas para merodear y generar situaciones problemáticas. Eso no lo vamos a tolerar». Desde el inicio de su gestión ha priorizado “el ordenamiento del espacio público”, comenzando con intervenciones en áreas conflictivas como la Zona Roja y continuando con acciones contra las tomas ilegales.
“Mi mandato es claro: el espacio público debe ser utilizado por quienes trabajan honradamente; no permitiremos más ocupaciones ilícitas.Si continúan trayendo gente para delinquir,intensificaremos nuestras acciones.No me preocupan las denuncias realizadas por estos organismos; tengo muy claro desde el primer día cuál es mi posición: defender a todos los marplatenses que se esfuerzan diariamente”, concluyó.
Solicitud Judicial ante Denuncias
Por otro lado, la Comisión Provincial por la Memoria ha solicitado una investigación exhaustiva sobre las acciones emprendidas por Montenegro y sus funcionarios encargados de Seguridad respecto a personas que viven o trabajan informalmente en espacios públicos.
Desde este organismo afirman que «el municipio ha implementado medidas coercitivas incluyendo detenciones arbitrarias y confiscación indebida de pertenencias personales», dirigidas principalmente hacia trabajadores informales conocidos popularmente como ‘trapitos’.
La CPM sostiene también que varios funcionarios municipales han ejercido violencia física y psicológica contra decenas de individuos sin hogar o involucrados en trabajos informales bajo pretextos relacionados con el cumplimiento del código municipal. Según ellos, estas actuaciones exceden las competencias propias asignadas a fuerzas provinciales.
Además agregaron: “Consideramos inaceptable cualquier violación a principios fundamentales sobre cómo deben actuar los funcionarios estatales (policías efectivos y agentes municipales), ya que estas acciones deben adherirse estrictamente al principio de razonabilidad evitando cualquier forma abusiva o discriminatoria”.Este conflicto entre autoridades locales e instituciones defensoras pone sobre la mesa un debate crucial acerca del equilibrio entre seguridad pública e inclusión social dentro del contexto urbano actual.
