Estados Unidos Celebra la Decisión de Venezuela de Retirarse de la Corte Penal Internacional
El gobierno de Estados Unidos expresó su satisfacción este sábado ante el anuncio de Venezuela sobre su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Este pronunciamiento fue utilizado por Washington para intensificar sus críticas hacia el tribunal, al que calificó nuevamente como «corrupto», «sin valor» y carente de legitimidad.
Reacción del departamento de Estado
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado aplaudió la determinación anunciada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país sudamericano. La administración estadounidense afirmó que el nuevo gobierno venezolano se une a los esfuerzos liderados por Washington para «desmantelar» lo que consideran una institución fallida.
«la CPI ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin resultados concretos», declaró el Departamento. Además, acusó al tribunal internacional de destinar recursos en investigaciones y acusaciones contra ciudadanos en naciones con sistemas judiciales competentes e independientes que nunca han aceptado su jurisdicción. Según las autoridades estadounidenses, esta conducta representa una clara muestra de «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva» del derecho.
Críticas Venezolanas hacia la CPI
el canciller venezolano, Félix Plasencia, argumentó que la CPI ha concentrado desproporcionadamente sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos. Acusó al tribunal internacional de actuar con un sesgo alineado a intereses ajenos a los principios fundamentales del derecho. por instrucciones directas de Rodríguez, se notificó formalmente al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La presidenta encargada también subrayó que la Corte ha acumulado un historial negativo en sus actuaciones contra naciones del llamado “sur global”, defendiendo así una justicia internacional basada en el respeto mutuo y los derechos soberanos.
Consecuencias Inmediatas y Opiniones Divergentes
La CPI lamentó públicamente la decisión tomada por Venezuela e indicó que esta no tendrá efecto inmediato; conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo parte durante un año tras notificar oficialmente su salida. Durante este período transitorio, deberá continuar colaborando con las investigaciones ya iniciadas.Desde 2018 está abierta una investigación sobre presuntos crímenes contra humanidad cometidos en territorio venezolano tras remisiones realizadas por varios estados miembros; dicha indagatoria se centra en hechos ocurridos desde 2017. Aunque Maduro intentó frenar este proceso alegando acciones judiciales internas sobre esos delitos, la Corte autorizó recientemente reanudar las pesquisas.
A raíz del anuncio gubernamental realizado por delcy Rodríguez, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) manifestaron su desacuerdo con esta decisión oficial. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió mediante un comunicado que se continúe sin demora con las investigaciones relacionadas con crímenes contra humanidad perpetrados desde 2017 hasta tanto se formalice completamente el retiro venezolano.
Por otro lado, PROVEA —una ONG enfocada en derechos humanos— también rechazó esta determinación gubernamental recordando que según lo estipulado en el estatuto Roma: “la retirada no afectará las obligaciones previas respecto a cooperación” relacionadas con procedimientos penales ya iniciados antes del retiro efectivo.
Contexto Histórico entre EE.UU. y La CPI
Históricamente tensa ha sido siempre la relación entre Estados Unidos y la CPI; Washington nunca ratificó el Estatuto Roma e insiste en que dicho tribunal carece jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. durante su primer mandato presidencial Donald Trump impuso sanciones contra funcionarios vinculados a investigaciones sobre posibles crímenes bélicos cometidos por fuerzas estadounidenses durante conflictos como Afganistán; aunque estas medidas fueron levantadas posteriormente bajo Joe Biden.Sin embargo, EE.UU sigue oponiéndose firmemente ante cualquier intento del tribunal internacional para ejercer autoridad sobre ciudadanos provenientes países no signatarios del tratado fundacional.
Con información adicional proporcionada por EFE.
