Promulgación de Leyes de Emergencia en Salud y educación: Un desafío Financiero
El Gobierno argentino ha promulgado recientemente dos leyes cruciales: la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, y la ley de financiamiento universitario. Ambas normativas fueron aprobadas por el Congreso el 2 de octubre, desestimando los vetos del presidente Javier Milei.Sin embargo, su implementación se encuentra en un limbo debido a que el Ejecutivo ha solicitado al Parlamento que defina las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir estos gastos.
Rechazo a los Vetos presidenciales
con una amplia mayoría, el Senado logró revertir los vetos impuestos por Javier Milei. A través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, se formalizaron las leyes 27.795 y 27.796; no obstante, aún no se han asignado las partidas presupuestarias requeridas para su efectiva aplicación.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya había señalado previamente mediante el decreto 681/25 —que oficializó la ley sobre discapacidad— que «el Congreso omitió especificar claramente cómo financiar las erogaciones que implica la aplicación de la Ley N° 27.793 para el Estado Nacional». Esta misma postura es sostenida ahora respecto a las nuevas normativas relacionadas con universidades y salud pediátrica.
Detalles sobre la Ley Universitaria
La Ley N° 27.795 establece un marco financiero destinado a garantizar tanto la educación universitaria como una mejora salarial para docentes e investigadores. Su objetivo es asegurar recursos suficientes para mantener operativas las universidades públicas y actualizar los salarios del personal académico así como implementar programas destinados a becas estudiantiles.
Según esta normativa, corresponde al Poder Ejecutivo definir cómo se distribuirán las partidas presupuestarias bajo el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, lo cual incluye asegurar tanto ingresos como graduaciones efectivas entre estudiantes universitarios. Además, prevé incrementos en recursos destinados a tecnología e investigación educativa.
Las proyecciones oficiales estiman que implementar esta ley podría costar alrededor de $1 billón durante 2025 debido al ajuste salarial y becas asociadas; mientras que para 2026 este monto podría superar los $2 billones si no se establecen fuentes claras de financiamiento.
La Emergencia Sanitaria Pediátrica
Por otro lado,mediante el decreto N° 760/2025 también fue promulgada la Ley N° 27.796 que declara un estado de emergencia sanitaria en salud pediátrica por un año completo. Esta legislación tiene como finalidad garantizar acceso equitativo a servicios médicos infantiles adecuados y fortalecer hospitales pediátricos junto con sistemas residenciales médicos.
La norma prevé una inversión fiscal aproximada estimada en $196 mil millones provenientes principalmente del reajuste dentro del presupuesto del Ministerio de Salud; sin embargo, advierte sobre insuficiencias financieras actuales dado un déficit existente cercano a $102 mil millones dentro del ministerio mencionado.Implementar esta legislación sin contar con fuentes claras podría comprometer programas esenciales tales como suministro médico vital o iniciativas preventivas contra enfermedades transmisibles.
Al igual que con otras normativas recientes mencionadas anteriormente —en cumplimiento también del artículo quinto correspondiente— esta ley queda suspendida hasta tanto sean definidas adecuadamente sus fuentes financieras dentro del presupuesto nacional vigente por parte del congreso argentino.
aunque estas leyes representan avances significativos hacia mejoras educativas y sanitarias fundamentales en Argentina; su éxito dependerá críticamente desde ahora mismo sobre cómo será abordado su financiamiento efectivo por parte legislativa ante desafíos económicos persistentes.
