Vence el Plazo para la Devolución de Fondos en el Caso Vialidad: Implicaciones y Consecuencias
este miércoles se cumple el plazo establecido por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad devuelvan al Estado un total de 537 millones de dólares. En caso de no cumplir con esta orden, se iniciará la ejecución de bienes conforme a las nuevas regulaciones implementadas por la Corte Suprema de Justicia.
Un Esquema Fraudulento Expuesto
El caso Vialidad ha revelado una compleja maniobra defraudatoria que utilizó recursos del Estado para beneficio personal de los condenados.Esta trama involucró 51 licitaciones relacionadas con obras públicas en Santa Cruz, las cuales fueron dirigidas hacia un único grupo empresarial perteneciente a Lázaro Báez. A pesar de su falta de experiencia en el sector,este conglomerado se convirtió en el principal adjudicatario,mientras que celebraba múltiples acuerdos comerciales con Cristina Kirchner. La fuente principal del financiamiento para estas operaciones fue, irónicamente, el erario público.La magnitud del fraude fue calificada como “colosal” durante la sentencia judicial y se estimó que causó un perjuicio al Estado equivalente a 85 mil millones de pesos.Esta cifra fue confirmada por TOF 2 cuando emitió su fallo en diciembre de 2022. Los acusados no solo enfrentan penas privativas de libertad e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; también están obligados a restituir lo sustraído.
Recientemente, peritos actualizaron esta cifra a un total asombroso: 684.990.350.139,86 pesos.
Detalles sobre los Cálculos Financieros
Un aspecto interesante es que José Lucas Gaincerain, quien actuó como perito representando a Cristina Kirchner, presentó una cifra aún menor: 42.494.357.845,17 pesos, pero este cálculo fue desestimado por las autoridades competentes.
con esta nueva cantidad oficializada por los expertos financieros designados por la corte, el juez encargado ha comenzado formalmente con los procedimientos necesarios para recuperar estos fondos malversados—un proceso que subraya la gravedad del escándalo y marca una etapa crucial tras la primera condena confirmada contra Kirchner por parte del máximo tribunal judicial argentino.
¿Qué Ocurre si no Se Realiza el pago?
Si ni Cristina Kirchner ni otros implicados como Lázaro Báez o José López cumplen con lo ordenado antes del miércoles estipulado por el juez Gorini, se procederá a embargar bienes dentro del marco legal establecido hasta alcanzar o cubrir completamente dicha suma fijada como decomiso correspondiente al caso Vialidad.
Además del requerimiento inmediato al pago mencionado anteriormente, Gorini ha instruido ampliar los embargos sobre propiedades inmuebles vinculadas al caso hasta alcanzar esa misma suma exorbitante mencionada previamente—$684.990.350.139,86—solicitando actualizaciones registrales pertinentes sobre estos activos.
La Cuestión Patrimonial
Según reportes recientes publicados por Clarín acerca del patrimonio declarado por Cristina Kirchner—que asciende solamente a 250 millones de pesos—no posee actualmente propiedades inmobiliarias ni acciones relacionadas con hoteles o empresas familiares debido a una donación realizada en 2016 hacia sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Este patrimonio incluye diversas propiedades (casas y terrenos),tres empresas (Hotesur SA y Los sauces SA entre ellas),así como depósitos bancarios resultantes herencia tras fallecimiento Néstor Kirchner.
En este contexto legal sin precedentes según fuentes judiciales experimentadas en Comodoro Py: “Para considerar un bien susceptible al decomiso penal debe estar libre todo gravamen”. Si llegara cuestionarse dicha donación podría acarrear consecuencias significativas; sin embargo si esos bienes han pasado efectivamente al patrimonio privado consolidándose bajo nombre distinto ya no serían considerados parte directa dela ex mandataria sino propiedad legítima sus hijos beneficiarios directos”.
Por otro lado hay quienes argumentan desde otra perspectiva jurídica sosteniendo que incluso aquellos activos donados podrían ser objeto decomisables dado su carácter gratuito; además resaltan cómo tal donación puede ser vista como “título imperfecto”, susceptible cuestionamiento debido temporalidad previa denuncias legales existentes antes medidas cautelares impuestas posteriormente.
Esta situación plantea interrogantes complejas respecto cómo procederán las autoridades ante tales circunstancias legales donde convergen intereses patrimoniales personales junto responsabilidades penales derivadas actos ilícitos cometidos durante ejercicio funciones públicas previas.
