Informe de la ONU Advierte sobre el Deterioro de Derechos Humanos en Nicaragua
Un reciente informe del Alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se presentará este martes en Ginebra, destaca un alarmante deterioro en la situación política y social de Nicaragua. El documento subraya la ausencia de una verdadera separación de poderes, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos, represión y censura. Además, se ha institucionalizado el uso del paramilitarismo y del ejército para reprimir actividades como asambleas pacíficas.
Contexto Histórico: La Represión desde 2018
La escalada represiva comenzó tras las violentas protestas que estallaron en 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense ha llevado a cabo una transformación deliberada hacia un régimen autoritario. Un panel de expertos designados por la ONU ya había señalado esta tendencia preocupante en febrero pasado.Antes del informe actual, una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo —quien ahora ejerce como copresidenta— resultó en el desmantelamiento efectivo de los mecanismos que garantizaban la división entre los poderes del Estado.
Un panorama Desolador
El nuevo informe revela un escenario sombrío donde tanto el poder legislativo como el judicial han sido reducidos a meras extensiones subordinadas al ejecutivo. La fiscalía opera bajo control directo presidencial y se han eliminado protecciones fundamentales para los derechos humanos.
Se denuncia también “el reconocimiento constitucional” de fuerzas paramilitares y un uso sistemático e institucionalizado de redes informantes para vigilar a ciudadanos comunes. Las leyes penales son aplicadas arbitrariamente contra quienes ejercen sus derechos o realizan labores legítimas —como defensores o periodistas— lo que convierte a cualquier persona considerada opositora por las autoridades en blanco fácil para represalias.
El informe menciona además prácticas alarmantes como detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso legal; también resalta nuevos poderes otorgados al presidente para desplegar fuerzas militares con fines represivos durante reuniones públicas.
Consecuencias Humanitarias: Éxodo Forzado
En los últimos siete años, esta ola represiva ha forzado a decenas de miles a abandonar Nicaragua buscando asilo; muchos han perdido su nacionalidad nicaragüense.Al menos 1.894 organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018,incluyendo alrededor de 850 entidades religiosas y más de 40 instituciones educativas superiores.
Ante esta crisis humanitaria creciente, la ONU no solo exige al gobierno nicaragüense cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a derechos humanos sino que también solicita apoyo económico internacional para fortalecer a la sociedad civil local y ayudar a aquellos que han tenido que huir del país ante amenazas inminentes.
Este llamado es especialmente relevante dado el contexto actual donde Estados Unidos está considerando eliminar temporalmente ciertos beneficios migratorios para nicaragüenses; una medida detenida por decisiones judiciales desde agosto pasado pero aún latente.
En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advirtió sobre el agravamiento generalizado en Nicaragua junto con situaciones similares observadas en Cuba y Venezuela; sin embargo estas alertas parecen no haber impactado significativamente al régimen encabezado por Ortega.
La comunidad internacional enfrenta así un desafío crítico: actuar frente al deterioro sistemático del estado democrático en Nicaragua mientras busca proteger los derechos fundamentales e integridad física aquellos ciudadanos afectados por este clima opresivo.
