El Ministerio de Justicia ha introducido una serie de reformas significativas en el proceso de compra y venta de vehículos usados, eliminando la necesidad del libre deuda para avanzar con la transferencia del automóvil. Esta medida, que entró en vigor el lunes pasado, simplifica los trámites al no requerir más la verificación de cuentas pendientes por patentes o multas antes de realizar la transferencia.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, explicó que los Registros Automotores ya no gestionarán los cobros relacionados con impuestos y tasas vinculadas a la radicación y sellos automotores ni las multas por infracciones en jurisdicciones provinciales o municipales. Ahora será responsabilidad directa de cada jurisdicción gestionar estos cobros.
Anteriormente, los registros tenían acuerdos con municipios que les permitían retener trámites si existían adeudos por patentes o multas. Esto impedía que se pudiera transferir un vehículo si presentaba alguna deuda. Sin embargo, bajo las nuevas regulaciones esta práctica ha sido eliminada; ahora el registro libera el auto aunque tenga pendientes fiscales o sanciones monetarias por infracciones.
Sebastián Amerio, secretario de Justicia y encargado directo bajo su Subsecretaría de Asuntos Registrales, destacó que estas modificaciones obligan a los gobiernos locales a ser más transparentes ante los ciudadanos respecto al destino final del dinero recaudado mediante impuestos y tasas. Además señaló que es conveniente eliminar convenios previos entre registros seccionales y entidades gubernamentales porque dicha operatoria era ajena al desarrollo natural del trabajo registral.
En línea con estas reformas estructurales dentro del sector automotor anunciadas desde principios del mandato actual —que incluyeron cierres masivos e históricos como el cierre definitivo sobre 130 registros automotores— también se han implementado otras medidas para agilizar procesos burocráticos como la digitalización completa de legajos automotores para evitar traslados físicos innecesarios entre diferentes registros.
Estos cambios no solo buscan reducir tiempos y costes asociados a trámites sino también mejorar la eficiencia general en cómo se manejan estos procesos dentro del país. Con estas medidas implementadas recientemente se espera ahorrar aproximadamente $1.300 millones mensuales según fuentes oficiales.
