Nueve Provincias Argentinas Obtienen Permiso para Concesionar Rutas Nacionales
El Gobierno argentino ha autorizado a nueve provincias a gestionar tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios mediante un sistema de obra pública por peaje. Esta medida, sin embargo, mantiene la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre estas vías en manos del Estado nacional.
Detalles del Decreto 253/2026
La decisión fue formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Según lo estipulado en el artículo 1 del decreto,las provincias que se beneficiarán con esta normativa son Corrientes,Santa Fe,Córdoba,San Luis,Mendoza,Río Negro,Neuquén,San Juan y Santa Cruz.
El documento aclara que esta delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”, asegurando que no se cederá la propiedad pública ni se transferirá la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados; estos seguirán siendo exclusivamente administrados por el Estado Nacional.
Contexto y Justificación
De acuerdo con los considerandos del decreto mencionado anteriormente, diversas provincias habían solicitado al Gobierno nacional herramientas para gestionar las rutas que cruzan sus territorios. El objetivo es asumir responsabilidades relacionadas con “la administración, reparación o mantenimiento” de estos tramos como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el régimen federal.
Este decreto se fundamenta en la Ley 17.520 que otorga al Poder Ejecutivo facultades para conceder obras y servicios públicos. También hace referencia al Decreto-Ley 505/58 que regula el sistema troncal vial nacional e incluye elementos de la Ley 27.742 orientada hacia una reorganización administrativa estatal más eficiente.
Proceso para Implementar las Concesiones
Para llevar a cabo esta delegación efectiva (artículo 2), las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección nacional de Vialidad donde se detallen los tramos a concesionar así como otros aspectos relevantes como plazos y auditorías necesarias. Estos acuerdos requerirán aprobación por parte de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía; además las concesiones no podrán superar un periodo máximo de treinta años.
Es importante destacar que los ingresos generados por los peajes estarán destinados exclusivamente a los proyectos relacionados con esos tramos específicos; no podrán ser utilizados para otras construcciones o mantenimientos ajenos a lo acordado. Asimismo queda prohibido licitar conjuntamente estos tramos delegados junto con rutas pertenecientes a otras jurisdicciones.
Si dentro del año siguiente a la aprobación del convenio no se convoca una licitación correspondiente por parte de las provincias implicadas , dicha delegación quedará sin efecto automático. En caso contrario donde un contrato sea anulado o extinguido por cualquier motivo previsto legalmente , será responsabilidad directa del Estado nacional retomar su gestión sobre ese tramo específico.
Finalmente , este decreto también abre una puerta invitando a aquellas jurisdicciones no incluidas inicialmente en esta normativa para solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior .
Con estas medidas busca optimizar recursos estatales mientras permite mayor autonomía provincial en cuestiones viales cruciales .
