Crisis Salarial en las Fuerzas de Seguridad: La Decisión de Alejandra monteoliva
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha decidido cancelar su viaje a Múnich, programado para esta semana.Este evento incluye la participación en la Conferencia de Seguridad más importante del mundo, que se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de octubre.En este foro internacional se reúnen no solo ministros de diferentes países, sino también líderes globales.
Motivos Detrás de la Cancelación
Se rumorea que la decisión fue influenciada por el presidente Javier Milei, quien habría ordenado a Monteoliva permanecer en Buenos Aires para supervisar el creciente descontento relacionado con la crisis salarial que afecta a las fuerzas de seguridad.Muchos agentes encargados del combate al delito y del narcotráfico reciben salarios que están por debajo del umbral de pobreza.
Tanto desde Presidencia como desde el Ministerio de Seguridad han optado por no comentar sobre esta cancelación. En representación argentina asistirán el canciller Pablo Quirno y Francisco de Santibañes, presidente del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales). Para Monteoliva, los problemas internos relacionados con posibles protestas dentro de las fuerzas son prioritarios frente al evento internacional.
La crisis Salarial: Un Problema Persistente
El tema salarial ha sido un problema crónico en Argentina y ha empeorado notablemente en los últimos años. Esto se agrava aún más debido a la crisis relacionada con IOSFA (la obra social para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales), que recientemente fue disuelta tras no poder satisfacer ni siquiera las necesidades básicas del personal.
Aunque inicialmente los reclamos estaban centrados en Santa Fe bajo el gobierno provincial liderado por Pullaro, fuentes cercanas han indicado un aumento generalizado en todo el país. A través del monitoreo cibernético se han detectado llamados a protestar desde diversos cuarteles policiales.
Sueldos insuficientes: Una Realidad Alarmante
En términos salariales, muchos efectivos —casi 70.000— apenas perciben alrededor de 900.000 pesos mensuales; una cifra alarmantemente baja considerando que está muy por debajo del umbral mínimo necesario para vivir dignamente. Los salarios varían considerablemente entre rangos; mientras algunos comisarios mayores pueden llegar hasta 2 millones o más al mes,otros agentes luchan con ingresos mucho menores e insuficientes incluso cuando reciben compensaciones adicionales.
Un ejemplo impactante es el caso reciente donde un gendarme expuso su situación durante una manifestación frente al Congreso: “Es una pelea entre pobres”, reflejando así la frustración acumulada dentro del cuerpo policial ante condiciones laborales precarias.
Bajas Voluntarias y Descontento Generalizado
Recientes estadísticas indican que entre enero y julio de 2025 hubo un total alarmante de 2.273 bajas voluntarias dentro tanto las fuerzas armadas como policiales según informes presentados ante el Congreso nacional por Guillermo Francos. Las cifras revelan pérdidas significativas: Gendarmería perdió 386 efectivos; Prefectura tuvo 322 bajas; Policía Federal reportó 412; PSA tuvo otras tantas bajas significativas junto al Servicio Penitenciario Federal.
Este éxodo plantea serias preocupaciones sobre cómo atraer nuevos talentos hacia estas instituciones si continúan ofreciendo salarios tan bajos mientras promueven discursos sobre seguridad nacional sin respaldo económico real.
Demandas Ignoradas
En febrero pasado, Pablo Sebastián Giles presentó formalmente una carta dirigida al Ministerio Capital Humano advirtiendo sobre posibles conflictos sociales derivados directamente por precarización laboral afectando miles vinculados a estas fuerzas. Aunque hubo cierta respuesta inicial mediante reuniones informales con funcionarios relevantes bajo Patricia Bullrich —entonces ministra— no se lograron avances concretos ni respuestas satisfactorias hasta ahora respecto a sus demandas legítimas.
La situación escaló dramáticamente cuando Misiones vivió uno of the most severe social conflicts in recent times in May of this year involving police and penitentiary personnel protests that quickly spread to other essential state sectors like Health and education due to shared grievances over working conditions and salaries across the board for security institutions nationwide.
Alejandra Monteoliva aún enfrenta repercusiones relacionadas con protestas previas durante su gestión como ministra en Córdoba donde enfrentó situaciones similares culminando incluso en su destitución tras disturbios provocados por reclamos salariales insatisfechos.
La crisis actual refleja un panorama complejo donde es urgente abordar estos problemas estructurales antes que estalle una ola mayor descontento social dentro o fuera uniformada.
