Condena a Jubilado por Tráfico de Explosivos: Un Caso de Alto Riesgo Social
Detalles del Caso
El Tribunal Oral Federal de Paraná ha dictado una sentencia este viernes, condenando a un hombre de 77 años a tres años de prisión en suspenso por el tráfico ilegal de explosivos. Este individuo fue detenido en 2024 mientras cruzaba el país con media tonelada de dinamita oculta en su camioneta 4X4, un hecho que la fiscalía calificó como «de altísimo peligro social».El protagonista del caso es Alberto Barnada, un jubilado oriundo de Misiones que se dedica al comercio de equipos viales y mineros. Su arresto ocurrió durante un control rutinario cuando se dirigía desde Córdoba hacia Misiones con la carga prohibida escondida en la caja del vehículo.
El Viaje peligroso
Barnada partió el 11 de junio de 2024 con una carga total que ascendía a 500 kg del Gelamón V.F. 65%, un tipo específico de dinamita fabricada en la planta estatal Fabricaciones militares ubicada en Villa María. Este explosivo es comúnmente utilizado tanto en obras civiles como en actividades mineras.Durante su trayecto, Barnada atravesó Santa Fe y llegó a Entre Ríos mediante el túnel subfluvial, donde está estrictamente prohibido transportar materiales explosivos debido al alto riesgo asociado a posibles incidentes bajo el agua.
Según las investigaciones, Barnada hizo una parada nocturna en Cerrito y dejó su camioneta cerca de una estación servicio. La fiscal ayudante Valeria Esponda destacó este detalle durante los alegatos: “Una camioneta cargada con media tonelada de material explosivo estacionada durante muchas horas cerca de una estación servicio”.
Al día siguiente continuó su viaje hacia Misiones; sin embargo, fue interceptado por las autoridades en el Puesto Caminero Santa María, ubicado cerca del kilómetro 496 sobre la ruta nacional N°12.En ese momento se trataba simplemente de un control rutinario.
Descubrimiento y Consecuencias Legales
Durante la revisión vehicular, Barnada mostró signos evidentes de nerviosismo al ser interrogado sobre lo que transportaba. Afirmó erróneamente que llevaba agroquímicos; no obstante, los agentes encontraron veinte cajas etiquetadas incorrectamente y cubiertas con trapos.
Cada caja contenía quince panes del explosivo mencionado anteriormente. El procedimiento fue supervisado por Néstor Roncaglia, ministro provincial encargado del área Seguridad y Justicia; además los policías involucrados fueron reconocidos públicamente por el gobernador Rogelio Frigerio.
Barnada carecía completamente del permiso necesario para trasladar dicho material explosivo; había adquirido estos productos a través della empresa FATMAN —un nombre irónico relacionado con la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki— lo cual generó aún más inquietud entre las autoridades judiciales.
A pesar dede no haber declarado inicialmente ante los investigadores, su profesión junto con la cantidad exacta e identificación clara del material le permitieron al sistema judicial inferir conocimiento consciente (dolo) respecto al peligro inminente que representaba su transporte irresponsable. expertos bomberos especializados confirmaron durante el juicio que faltaban elementos anti chispa esenciales para garantizar un traslado seguro.
Además dels explosivos confiscados también se incautaron otros objetos como herramientas pesadas (martillos rompepavimento), dispositivos electrónicos (una tablet y celular) así como aproximadamente $97 mil pesos argentinos en efectivo.
la defensa legal lideradapor Andrés Bacigalupo solicitó absolución argumentando que sin detonadores presentes no existía riesgo inmediato; además afirmaron que dicho material era «absolutamente inofensivo». Sin embargo, José Ignacio Candioti —fiscal principal— enfatizó lo contrario señalando incluso que Barnada transportaba más dinamita comparativamente hablando respecto a aquella utilizada durante atentados históricos como los ocurridos contra AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).
La fiscalía solicitó cuatro años efectivos considerando grave conducta temeraria e imprudente exhibida por parte ddel acusado quien admitió carecer totalmente dede autorización para poseer o transportar tal cantidad dede material peligroso según normativas vigentes establecidas por ANMAC (Agencia Nacional De Materiales Controlados).
Sentencia Final
Finalmente este viernes pasado ,la jueza federal Noemí Berros impuso tres años dede prisión condicional . Aunque esta pena resultara inferior ala solicitadapor parte dela Fiscalía ,se consideraron válidas sus argumentaciones .
Adicionalmente ,la fiscalia requirióque lvehículo utilizado quedara bajo custodia provincial mientrasqueel Gelamón permanece almacenado hasta nuevo aviso . “Esperamosque sea destruido ya queno corresponde mantener semejante cantidaddeexplosivos”, concluyó lacomunicacion oficial emitida porel ministerio público .
