El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio de la construcción de lo que denominó una «instalación de ahorcamiento» para los condenados a muerte en el centro del país. Lo hizo a través de un video difundido en su canal de Telegram.
«Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles, y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas, y la hemos aprobado. Y ahora, también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma», dice en un video en el que el fondo aparece difuminado a sus espaldas, pero en el que se puede observar una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.
La unidad contará con un «pabellón dedicado a los condenados a muerte» y un «dispositivo de ahorcamiento en el centro del pabellón, donde se llevarán a cabo las sentencias».
También anunció que se incluirán «cabinas de observación» que permitirán a las víctimas «presenciar el procedimiento, tal y como es habitual en muchos países».
«Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca», sentenció el político de extrema derecha, exconvicto por crímenes de terrorismo. Días atrás, el ministro sugirió en un podcast que Israel debía matar a «30 o 40» palestinos cada noche en Gaza. Desde su llegada al Gobierno en 2022 el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, ha aumentado un 126%.
Incluso, hace tan solo una semana la Justicia frenó un proyecto para construir un foso con cocodrilos alrededor de una prisión en Ketziot, el sur del país, por considerar que esa iniciativa puede afectar el bienestar de los animales, ante un pedido de una asociación proteccionista.
Qué dice la ley
A fines de marzo, el Parlamento israelí, Knéset, aprobó por 62 votos a favor y 48 en contra, una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de «terrorismo», una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos.
La ley fue impulsada por el Gvir y contó con el aval del primer ministro Benjamin Netanyahu -que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra- votó a favor del texto.
La ley estipula que cualquier persona «que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de terminar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua». En el caso de los palestinos en Cisjordania ocupada, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como «actos de terrorismo» por un tribunal militar israelí.
Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial. Según la Autoridad Palestina, la ley es un intento de «legitimar las ejecuciones extrajudiciales».
La ley estipula que el método de ejecución sea la horca y que el castigo se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con un aplazamiento posible de 180 días. También contempla que las sentencias puedan ser reducidas a cadena perpetua si hay «circunstancias especiales».
Repercusiones internacionales
La aprobación de la ley generó varias críticas en el plano internacional, excepto por Estados Unidos. La Administración Trump «respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo (…) Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables», declaró un portavoz del Departamento de Estado en aquel momento.
Del otro lado, el gobierno palestino calificó la ley como un «crimen de guerra» y una violación del derecho internacional humanitario. También instó a la Liga Árabe -integrada por 22 países, entre ellos Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Egipto, Palestina, Qatar e Irak- a aplicar sanciones contra Israel. En un comunicado, la Liga condenó la legislación por «extremista» y «racista», y consideró que «consagra una discriminacipon escandalosa contra los palestinos» y «constituye una manifestación vergonzosa del apartheid».
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Huamnos, Volker Türk, afirmó que la ley -que afectaría mayormente a los palestinos- era «discriminatoria», que «constituiría una violación adicional particularmente grave del derecho internacional», y que su aplicación constituiría un «crimen de guerra». Mientras que la Unión Europea se mostró «muy preocupada», y afirmó que se trataba de un «grave retroceso en las obligaciones de Israel en materia de derechos humanos».
Por su parte, Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, afirmó que la ley cambiaba mucho «la idea de Estado que existe en Israel en este momento».
