Análisis del gasto Municipal en Concejos Deliberantes: Un Informe Revelador
Un reciente estudio realizado por la Fundación Libertad, al que tuvo acceso el diario Clarín, ha puesto de manifiesto que el costo promedio por concejal en 55 municipios argentinos asciende a $129,4 millones anuales. Este análisis se basa en los presupuestos de las distintas administraciones locales examinadas.
Disparidades en el Gasto Municipal
Los resultados del informe muestran una notable variabilidad entre las diferentes localidades. San Miguel de Tucumán y Río Gallegos lideran la lista con gastos superiores a los $600 millones por concejal. En contraste, Junín y Merlo presentan cifras mucho más bajas, con costos que oscilan entre $10 y $17 millones anuales. En términos per cápita, esto se traduce en un gasto aproximado de $6.344 por habitante cada año para financiar los Concejos Deliberantes.
Desglose del Gasto Municipal
El total del gasto destinado a legislaturas provinciales y municipales alcanza la cifra de $123.290 millones, lo cual representa un 3,3% del presupuesto global promedio. La mayor parte de estos recursos se destina a salarios; específicamente, el 87,4% del gasto total está dirigido al personal.
En promedio hay 17 empleados asignados por legislador; sin embargo, esta cifra varía considerablemente según la jurisdicción. Por ejemplo, Posadas destaca con una relación excepcionalmente alta de 122 empleados por concejal; mientras tanto, Córdoba tiene solo ocho trabajadores asignados para cada uno de sus legisladores. El informe abarca un total de 953 concejales pertenecientes a diversas asambleas deliberativas municipales o provinciales.
Variaciones Presupuestarias Entre Jurisdicciones
La diversidad en los presupuestos destinados a cada Concejo Deliberante es evidente y responde a criterios propios establecidos por cada municipio o provincia. este fenómeno resalta la necesidad urgente de reformar estas instituciones para eliminar gastos innecesarios que no aportan valor directo al bienestar social.
San miguel de Tucumán encabeza el ranking como el municipio con mayor gasto: sus apenas 18 concejales requieren un presupuesto global cercano a los $12.028 millones; esto implica un costo anual individual superior a los $668 millones para cada legislador local. Otras ciudades como Río Gallegos y San Salvador de Jujuy también presentan cifras alarmantemente altas respecto al financiamiento destinado a sus cuerpos deliberativos.
Por su parte,Río Gallegos cuenta con solo siete concejales pero demanda un presupuesto significativo: aproximadamente $4.475 millones para este año fiscal—lo que equivale a unos $639 millones anuales por edil—mientras que Jujuy destina cerca de $6.768 millones entre sus doce representantes políticos ($564 millones anuales).
Posadas es otro caso digno de mención debido no solo al alto monto presupuestario sino también porque tiene la mayor cantidad proporcional empleados asignados: recibe alrededor de $5.578 millones anualmente distribuidos entre trece ediles ($429 millones cada uno).
Comparativa Con Otras Ciudades Importantes
en contraposición con estos altos gastos encontramos ejemplos como Rosario (Santa Fe), donde se destina solamente el 68% del presupuesto municipal hacia personal contratado—una cifra relativamente baja comparada con otras ciudades analizadas—y cuenta con una media aproximada similar (17 empleados) aunque ligeramente superior respecto al caso cordobés (8 empleados).
Contexto Actual: Aumento salarial en el Senado
Este informe llega justo cuando se discuten incrementos salariales significativos para senadores nacionales que entrarán en vigor desde enero próximo; su salario mensual ascenderá hasta alcanzar los impresionantes $9,5millones gracias a una ley implementada durante la administración anterior y formalizada recientemente.Cabe recordar que este aumento salarial fue precedido por otro incremento masivo registrado anteriormente este año cuando las dietas pasaron abruptamente desde $1 millón hasta más $7 milhões, lo cual generó controversia pública significativa sobre cómo se manejan estos fondos públicos destinados al funcionamiento estatal.
A medida que continúan surgiendo debates sobre transparencia fiscal y eficiencia administrativa dentro del ámbito político argentino resulta crucial seguir analizando cómo son utilizados estos recursos públicos e implementar reformas necesarias orientadas hacia una gestión más responsable.