Operativos en Entre Ríos y Río Negro Revelan Casos de Trata de Personas y Trabajo Infantil
Intervenciones Coordinadas Detectan Irregularidades Laborales
Recientemente, la Agencia de Recaudación y control Aduanero (ARCA) llevó a cabo una serie de allanamientos en las provincias de Entre Ríos y Río Negro, donde se identificaron múltiples casos relacionados con la trata de personas con fines laborales y explotación infantil. En total, se registraron 28 trabajadores que presentaban «irregularidades en sus condiciones laborales y vitales», gracias a operativos realizados en colaboración con la Policía Federal.
En Entre Ríos, el foco principal fue la localidad de San Benito. Este operativo se inició tras recibir una denuncia a través del número 0800. Durante las inspecciones, se constató que cinco individuos estaban trabajando hasta 12 horas diarias, seis días a la semana.La investigación reveló que estos trabajadores habían sido contactados mediante redes sociales antes de ser trasladados por su empleador, quien los había sometido a un sistema abusivo de endeudamiento.
Las fuentes involucradas informaron que las víctimas residían en condiciones deplorables dentro de una casilla hecha de madera.Allí dormían sobre colchones deteriorados, carecían de utensilios básicos para cocinar e incluso tenían un inodoro improvisado; además, consumían agua no potable. La denuncia correspondiente ha sido presentada ante la Fiscalía Federal ubicada en Paraná.
Situación Crítica en Viedma: Trabajo Infantil Expuesto
Un operativo similar tuvo lugar también en Río Negro,donde ARCA trabajó junto a diversas entidades nacionales y provinciales como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE),la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA).
Este procedimiento se realizó en Viedma e incluyó inspecciones a tres predios dedicados al cultivo hortícola. Se identificaron 23 trabajadores presentes allí, todos ellos con infracciones laborales evidentes.
El hallazgo más alarmante fue el descubrimiento «de casos críticos relacionados con trabajo infantil». Entre los afectados estaba una adolescente apenas mayor que tenía solo 15 años; esta joven había estado realizando tareas relacionadas con cosecha y empaque desde los 12 años por un salario irrisorio que ascendía apenas a $10.000 semanales.
Además del caso anterior, también encontraron otra joven trabajadora —de 17 años— quien declaró haber estado laborando y viviendo en el predio desde los 15 años. Asimismo, detectaron un empleado boliviano cuya situación migratoria era irregular.
Estos hallazgos llevaron al equipo interviniente a presentar una denuncia ante la Fiscalía Federal local para investigar posibles responsabilidades penales asociadas al caso.
A través del comunicado emitido tras estas acciones coordinadas entre organismos estatales involucrados se destacó el compromiso renovado hacia «la lucha contra la explotación laboral» así como «la protección efectiva» del bienestar fundamentalmente humano dentro del ámbito laboral nacional.
Con estas intervenciones decisivas se busca no solo erradicar prácticas ilegales sino también garantizar derechos esenciales para todos los trabajadores afectados por situaciones vulnerables.
