Denuncias de Corrupción en el Poder Judicial de Tandil: Jueces Acusados de Prevaricato y Asociación Ilícita
Un Escándalo Judicial en Desarrollo
El juez del fuero Civil y Comercial del departamento judicial de Tandil, Francisco Augusto Blanc, ha sido objeto de una denuncia penal por prevaricato y asociación ilícita. Las acusaciones apuntan a que manipuló pruebas y expedientes judiciales, desestimó hechos relevantes y dictó sentencias contrarias a la ley con el fin de apropiarse indebidamente de terrenos en un contexto marcado por la corrupción.
La denuncia fue presentada el 10 de diciembre ante el fiscal especial en lo Penal, José Ignacio Calonje. El abogado Jorge Heter, quien se considera damnificado junto a Juan Martín Pedro Burns y Gastón Giove, es quien ha llevado adelante esta acción legal. Esta situación se inscribe dentro del marco de un proceso ya abierto contra Blanc y otro magistrado del mismo fuero, Juan Martín Zárate. Ambos jueces están siendo investigados por su participación irregular en la creación de causas judiciales destinadas a apoderarse ilegalmente de propiedades. En este caso particular, los herederos del fallecido Ángel María Valente Noailles son quienes han sufrido las consecuencias; se trata aproximadamente 250 lotes situados en una zona turística con gran potencial económico.
Investigaciones Activas
El fiscal Calonje está al frente de las investigaciones relacionadas con este escándalo judicial. Hasta ahora ha ordenado allanamientos tanto en oficinas judiciales como en estudios jurídicos e incluso domicilios particulares relacionados con los implicados.
Además del proceso penal que enfrentan Blanc y Zárate, ambos magistrados también están bajo un juicio político que podría resultar en su destitución debido a las irregularidades cometidas durante su ejercicio profesional. Este tribunal ya ha sido constituido e incluye entre sus miembros a la jueza Hilda kogan, perteneciente a la corte Suprema bonaerense. Recientemente, Zárate fue suspendido preventivamente por 90 días por orden directa de la Corte Suprema provincial mientras avanza tanto esta causa como el juicio político correspondiente.
nuevas Revelaciones sobre una Asociación Ilícita
En relación al caso contra Blanc se han presentado nuevas denuncias que sugieren que él lideraba «una asociación ilícita para la apropiación indebida» junto con varios cómplices cercanos. entre ellos figuran Esteban Fernández y Silvia Fernández así como Aldo y Marcelo Cifuentes.
De acuerdo con estas acusaciones recientes, Andrés Fernández sería quien presuntamente ejecutaba «usurpaciones violentas» sobre propiedades antes iniciar juicios fraudulentos para legitimar dichas acciones ilegales.Posteriormente entraban en juego los escribanos Marcelo Cifuentes junto con los abogados Aldo Cifuentes y Silvia Fernández quienes habrían estado involucrados en falsificación documental para certificar actos ilícitos.
La denuncia detalla cómo el juez Blanc supuestamente «manipulaba expedientes»,ignorando pruebas contundentes sobre delitos cometidos e imponiendo sentencias irregulares basadas únicamente en evidencias fabricadas dentro expedientes alterados ilegalmente. Se menciona específicamente cómo iniciaba juicios por usucapión sin considerar las pruebas presentadas por los legítimos propietarios o omitiendo delitos evidenciables surgidos durante audiencias previas (como sobornos), favoreciendo así a los usurpadores mediante decisiones basadas exclusivamente en documentos falsificados.Los abogados demandantes han solicitado al fiscal Calonje llevar adelante diversas medidas probatorias para esclarecer estas maniobras corruptas así como establecer vínculos entre el juez Blanco y otros miembros implicados dentro esta presunta red criminal organizada. Entre sus peticiones destacan registros exhaustivos sobre los estudios jurídicos vinculados a Cifuentes y Fernández; allanamientos domiciliarios para incautar dispositivos electrónicos relevantes; además del cruce telefónico entre todos los involucrados para obtener más información acerca sus interacciones sospechosas.
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio al sistema judicial argentino resaltando preocupantes prácticas corruptas que afectan no solo la integridad institucional sino también derechos fundamentales relacionados con propiedad privada.
