La Corte Suprema Confirma la Condena a juan Carlos Lascurain por Peculado
la Corte suprema de Justicia ha ratificado la condena impuesta al ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, quien deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión y enfrentar inhabilitación perpetua por el delito de peculado. Este fallo se deriva de un caso en el que se investigó la malversación de 50 millones de pesos destinados a un proyecto vial que nunca llegó a concretarse. La cifra original ha sido actualizada para establecer el monto del decomiso correspondiente.
Actualización del Monto y Ejecución Inmediata
La fiscal Fabiana León solicitó al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado de ejecutar la pena, que tras la actualización del dinero involucrado en esta maniobra corrupta se exija un pago total que asciende a 8.289.937.856,99 pesos. En su dictamen, León enfatizó: «La ejecución debe iniciarse sin demora; dado que la sentencia es firme, es imperativo recuperar los fondos públicos sustraídos».
León argumentó también que corresponde intimar tanto a Fainser S.A., como a Lascurain para el pago completo del monto resultante bajo amenaza de ejecución forzada y sugirió implementar medidas patrimoniales adicionales para asegurar dicho pago.
Contexto Judicial y Acusaciones
En 2019,los jueces germán Castelli,Enrique Méndez Signori y Fernando Canero ya habían condenado por peculado no solo a Lascurain sino también a otros implicados como Atanacio Pérez Osuna (ex interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio – YCRT),Miguel Ángel Larregina (ex coordinador en YCRT),Horacio Mazu (diputado provincial) y Juan Vargas (ex asesor).
El Ministerio Público Fiscal subrayó que las condiciones estipuladas en el pliego para licitar la construcción del «Camino de los Mineros», una ruta proyectada para facilitar el tránsito alrededor del yacimiento carbonífero, no contemplaban pagos anticipados. Según las autoridades fiscales, «la participación activa» de Lascurain fue crucial para desviar los 50 millones entregados como anticipo en tres pagos diferentes.
Informe Técnico sobre Intereses Moratorios
Recientemente, la Fiscalía solicitó un informe técnico al área especializada dentro de la Procuración General -la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)- con el fin obtener una base objetiva sobre el monto exigible actualmente.
Este informe utilizó diversos métodos calculativos; tomando como base los 50 millones originales e incorporando intereses moratorios según lo publicado por el Banco Central hasta junio del año 2026 se concluyó que dicha suma ascendería hasta 8.289.937.856,99 pesos desde diciembre del año 2015.
León aclaró además cómo estas tasas son aplicables: “La Tasa Oficial Moratoria no implica indexación alguna; es una tasa oficial utilizada específicamente para liquidaciones judiciales”. Esto permite calcular intereses derivados desde cuando ocurrieron las irregularidades sin complicar aún más este proceso con discusiones sobre ajustes monetarios o variaciones económicas.
Implicaciones Legales Futuras
Por todos estos motivos expuestos anteriormente, León instó al TOF 7 a proceder con un decomiso superior a 8 mil millones: “Es necesario aprobar o considerar esta suma como base liquidable hasta junio del año mencionado”, manteniendo siempre presente que seguirán generándose intereses hasta su efectivo pago.
Fuentes judiciales han indicado que primero se evaluará cuál sería la tasa más adecuada antes fijar definitivamente cuánto será lo recuperable debido al peculado comprobado.
Un Caso Complejo
Este caso surge dentro un contexto más amplio relacionado con irregularidades financieras vinculadas al manejo inadecuado presupuestario destinado hacia Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Se identificaron partidas presupuestarias donde Fainser S.A., empresa asociada con Lascurain recibió grandes sumas por obras inconclusas marcadas por sobreprecios e irregularidades administrativas evidentes durante su ejecución.
El fiscal Carlos Stornelli había acusado previamente tanto a Lascurain como coautor necesario en este desvío financiero mientras señalaba directamente hacia Pérez Osuna quien actuaba bajo órdenes superiores relacionadas con decisiones ministeriales previas durante gestiones anteriores.
Las investigaciones revelaron cómo ciertos actores políticos habrían diseñado estructuras jurídicas propicias facilitando así estos desvíos millonarios junto con empresas adjudicatarias encargadas formalmente pero incapaces realmente llevar adelante sus compromisos contractuales establecidos inicialmente ante Estado argentino.
Con todo esto presente queda claro cómo este tipo casos resaltan desafíos persistentes enfrentados frente corrupción institucionalizada afectando recursos públicos vitales necesarios desarrollo social económico país entero requiere urgentemente restaurar confianza ciudadanía respecto administración pública transparente responsable efectiva futura inmediata.
