Avances en la Investigación de un Presunto Complot Policial en Buenos Aires
Contexto Judicial y Acusaciones
En el ámbito judicial, las acusaciones sobre un supuesto complot que involucra a policías bonaerenses con vínculos a un candidato libertario están tomando forma. La Dirección de Asuntos Internos (AI) ha recopilado información que podría implicar a más funcionarios uniformados en esta presunta maniobra. A pesar de la lentitud del proceso, se espera que los oficiales desplazados se presenten para una «declaración indagatoria administrativa» programada para el 4 de agosto. El abogado Fabián Vizcaíno González, representante legal de los policías afectados, aseguró: “No tienen nada que ocultar. Van a aclarar toda la situación y solicitaremos su reincorporación”.
Elementos Comprometedores y Reacciones Políticas
La investigación interna ha revelado indicios cada vez más sólidos que comprometen a los jefes de la división de Policía Ecológica, donde estaban asignados los 24 oficiales separados preventivamente tras recibir una denuncia anónima. Estos hallazgos sugieren que podrían haber más implicados en este caso.
El impacto del caso también ha llegado al ámbito penal; el Ministerio de Seguridad provincial presentó una denuncia formal sobre el presunto complot e identificó a sus responsables. Patricia Bullrich, desde la esfera nacional, acusó al gobernador Axel Kicillof de llevar a cabo “persecución política” relacionada con este asunto.
La Controversia Política detrás del Caso
El trasfondo político es significativo: todo comenzó cuando Maximiliano Bondarenko, ex comisario mayor y actual concejal libertario por Florencio Varela, fue designado como candidato principal para encabezar la lista provincial por la Tercera Sección electoral—una zona clave para el peronismo local. En esta contienda electoral competirá contra Verónica Magario (Fuerza Patria) y Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires).
Este distrito es crucial para el oficialismo; fue allí donde Cristina Fernández buscó retomar su carrera política después del fracaso gubernamental junto a Alberto Fernández antes de ser condenada por corrupción.
Progresos Lentos en las Investigaciones Judiciales
A pesar del clamor público por avances rápidos en este caso complejo, las investigaciones judiciales avanzan lentamente debido a falta de fiscales e instructores disponibles. Las causas no son consideradas urgentes; así lo han indicado fuentes cercanas al proceso judicial.
Mientras tanto, auditores policiales continúan recibiendo información relevante sobre el caso desde diversas fuentes dentro del cuerpo policial. Según declaraciones ministeriales recientes: “Los oficiales menos jerárquicos intentan desvincularse y apuntan hacia sus superiores”. Esta dinámica está generando nuevos datos que respaldan las sospechas iniciales.
La auditoría Nro 5 está llevando adelante esta investigación bajo la dirección legal de Rosario Barberis y con Blas Cereza como instructor principal.
Sanciones Impuestas y Posibles Consecuencias Futuras
La sanción impuesta por AI afectó no solo al liderazgo inmediato sino también incluyó otros 16 miembros vinculados con actividades dentro del área ecológica policial. Los involucrados han sido cesanteados debido a haber facilitado información sensible fuera del marco institucional con fines políticos partidarios—a lo cual se le considera una falta grave según declaraciones recientes del ministro Javier Alonso.
Como resultado inmediato, estos funcionarios han perdido su uniforme y placa distintiva mientras reciben solo un 50% de su salario durante cuatro meses hasta nueva evaluación tras sus declaraciones administrativas.
Entre los desplazamientos destacan figuras clave como Manuel Ortiz Valenzuela—comisario mayor—y otros altos mandos operativos distribuidos entre varias delegaciones importantes como Tres de Febrero o Avellaneda.Sin embargo, hay indicios dentro del ministerio que sugieren posibles sanciones adicionales conforme avanza la investigación: “Estamos siguiendo pistas que podrían llevarnos hacia otras áreas dentro dela Policía Ecológica”, afirmaron fuentes internas.
Bullrich respalda públicamente las afirmaciones realizadas por Bondarenko respecto al vínculo personal entre él mismo y Ortiz Valenzuela; incluso mencionando encuentros previos entre ambos antes anunciadas candidaturas electorales—lo cual ella califica como «espionaje ilegal».Sin embargo, defensores legales argumentan ya estar preparando acciones contra estas pruebas alegando su ilegalidad según normativas vigentes.
