Cambios en la Ley de Inteligencia: El PRO Apoya, pero Exige Claridad
Revisión del Decreto 941/2025
tras la defensa realizada por el Gobierno de Javier Milei sobre las modificaciones implementadas en la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el partido PRO ha expresado su respaldo a estas medidas, aunque ha solicitado mayor claridad respecto a los protocolos de uso. En un comunicado emitido por su bloque de Diputados, el PRO indicó que continúa evaluando el decreto 941/2025, que introduce cambios significativos en la Ley de Inteligencia Nacional.»Consideramos que las reformas propuestas podrían ser beneficiosas; sin embargo,es fundamental conocer los protocolos operativos y las reglas específicas para su implementación»,enfatizó el comunicado del partido amarillo,aliado al oficialismo. Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado los protocolos ni la normativa complementaria necesaria.
Nuevas Facultades y Estructura Reducida
Las modificaciones realizadas reducen la estructura organizativa de la SIDE pero otorgan mayores poderes a sus agentes.Se establece que todas las actividades relacionadas con inteligencia tendrán un carácter «encubierto», debido a su naturaleza sensible y con el fin de mitigar riesgos estratégicos para la nación.
Desde el PRO han manifestado preocupaciones sobre las funciones tanto en contrainteligencia como sobre las nuevas facultades para aprehender personas. En este contexto, subrayaron que tales acciones deben ser «restrictivas y excepcionales», dado que los agentes no pueden revelar su identidad durante sus operaciones.
Los nuevos lineamientos permiten a los agentes aprehender individuos sorprendidos in fraganti; sin embargo, deberán notificar a las fuerzas de seguridad pertinentes o actuar bajo una orden judicial.
Necesidad Urgente de Reformar
El PRO también destacó la urgencia por actualizar una ley vigente desde hace más de dos décadas. «Han transcurrido 25 años desde su promulgación y tanto el mundo como sus amenazas han cambiado drásticamente», argumentaron al abogar por una reforma integral del sistema nacional de inteligencia.
Otro aspecto relevante mencionado fue la necesidad imperiosa de integrar y unificar bases datos estatales. Según afirmaron, Argentina se encuentra rezagada en términos de interoperabilidad informativa crucial para garantizar seguridad nacional.
Asimismo, hicieron hincapié en respetar estrictamente las normativas existentes sobre protección datos personales: «El tratamiento debe estar regulado por leyes vigentes que limitan claramente sus usos permitidos».
Críticas desde la Oposición
La oposición no tardó en reaccionar ante este decreto; entre ellos se destacó al kirchnerismo junto con otros grupos como Coalición Cívica y Provincias Unidas.Leopoldo Moreau advirtió que “el DNU implica efectivamente una nueva Ley de Inteligencia”, lo cual contraviene directamente lo estipulado por nuestra Constitución Nacional e incluso podría dar lugar a una “policía secreta”.
Maximiliano Ferraro expresó preocupaciones similares: “Todos estamos expuestos ahora; gran parte nuestra información personal puede ser utilizada como insumo para labores inteligentes”.
Desde Provincias Unidas también se pronunciaron firmemente contra esta modificación legislativa: “Defendemos un principio básico: sin control parlamentario no hay democracia plena”, afirmó Gisela Scaglia.
Por otro lado, ante estas críticas persistentes, el Gobierno defendió vigorosamente estos cambios argumentando que redefinen adecuadamente funciones dentro del ámbito nacional e eliminan estructuras innecesarias contribuyendo así al orden y control necesarios dentro del sistema inteligente actual.
Con estos desarrollos recientes se abre un debate crucial acerca del equilibrio entre seguridad nacional e individualidad ciudadana en Argentina.
