El gobierno Apela a la Corte Suprema por el Régimen Jubilatorio del Fútbol argentino
El Gobierno argentino ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar una medida cautelar que mantiene en vigor el decreto del exministro de Economía, Sergio Massa. Este decreto establece una alícuota especial del 7,50% que deben abonar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes como aportes jubilatorios. La administración actual, liderada por Javier Milei, busca incrementar esta alícuota a más del 18%, lo que marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno y la AFA en torno a las finanzas jubilatorias del sector.
Contexto de la Alícuota Jubilatoria
La alícuota se calcula sobre los ingresos generados por la AFA y los clubes provenientes de diversas fuentes como venta de entradas, apuestas online y derechos televisivos. Sin embargo, este porcentaje no se aplica sobre los salarios pagados por otros empleadores en el país.
El gobierno ha apelado a las decisiones judiciales previas mientras espera resoluciones que definan quién es responsable de financiar las jubilaciones tanto para jugadores como para empleados dentro del ámbito futbolístico.La primera medida cautelar está actualmente bajo revisión en la corte tras haber sido objeto de un recurso extraordinario rechazado desde diciembre pasado por parte de una cámara judicial. Esta situación ha generado incertidumbre debido a que los tiempos judiciales suelen ser más prolongados que los requerimientos políticos.
Nuevas Acciones Legales
En respuesta a lo que consideran una «barrera legal» creada por la AFA en el ámbito contencioso administrativo federal, el Gobierno presentó denuncias contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Toviggino. Se les acusa de retención ilegal tanto de aportes jubilatorios como impuestos correspondientes. Tapia deberá comparecer ante un tribunal esta semana.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano propuso elevar al 18% la tasa aplicable para contribuciones sociales dentro del fútbol argentino con efecto desde julio de 2025. Esta decisión busca abordar un déficit acumulado estimado en un 43% respecto a las contribuciones necesarias para cubrir las jubilaciones durante el primer año bajo este régimen especial establecido por Decreto 510/2023.
Antecedentes Relevantes
El Decreto 510/2023 introdujo un esquema específico para cotizaciones relacionadas con futbolistas y personal técnico afiliado tanto a la AFA como a otras ligas profesionales argentinas. Originalmente fijada en un 7,50%, esta tasa no logró cubrir obligaciones fiscales acumuladas ascendentes a casi $20 mil millones durante su primer año operativo.
Un intento posterior mediante Decreto 939/2024 buscó remediar este déficit; sin embargo, fue suspendido temporalmente debido a otra medida cautelar emitida por Enrique V. lavié Pico —juez especializado— quien mantuvo vigente el decreto original mientras se resuelve su legalidad definitiva.
La propuesta actual presentada por Milei establece una carga impositiva principal del 13,06% sobre ingresos brutos percibidos más una carga adicional transitoria destinada específicamente al saneamiento fiscal durante doce meses; esto totaliza inicialmente alrededor del 18%. Esta actualización fue respaldada recientemente por autoridades competentes encargadas de supervisar regímenes previsionales especiales relacionados con deportes profesionales.
Un Conflicto Prolongado
Desde su implementación inicial tras ganar Argentina el Mundial Qatar-2022 hasta hoy han surgido múltiples controversias políticas alrededor del régimen jubilar propuesto anteriormente bajo Massa —quien también había hecho referencia histórica al Decreto N°1212/2003— diseñado originalmente sin incluir adecuadamente todos los clubes profesionales argentinos ni sus respectivas cargas tributarias completas hacia ANSES (Administración Nacional de Seguridad social).
En diciembre pasado se reveló además cómo algunos clubes habían evadido responsabilidades fiscales mediante prácticas irregulares relacionadas con cobros disfrazados como «abonos». Aunque hubo propuestas serias dirigidas hacia regularizar estas situaciones aumentando significativamente tasas impositivas correspondientes —que no han sido ajustadas desde hace dos décadas— tales iniciativas fueron finalmente desestimadas provocando así nuevas tensiones entre entidades deportivas gubernamentales involucradas.
Mientras tanto continúa abierta esta disputa legal sin visos claros hacia resolución inmediata alguna; lo cierto es que cada paso dado podría tener repercusiones significativas sobre cómo se gestionan financieramente futuras pensiones dentro tan importante sector deportivo nacional.
