Jorge DOnofrio Rechaza Acusaciones de Corrupción en la VTV de Buenos Aires
El ex ministro de Transporte, jorge DOnofrio, ha desmentido las acusaciones que lo vinculan con supuestas irregularidades en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. En un escrito presentado ante la fiscalía, el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof también se refirió a otra investigación relacionada con una red que presuntamente cobraba sobornos para anular multas impuestas por fotomultas en las carreteras bonaerenses.
Defensa Legal y Argumentos Presentados
DOnofrio, quien asumió su cargo tras un acuerdo entre el gobernador y Sergio Massa, negó categóricamente todas las imputaciones.En un documento extenso que forma parte de su declaración indagatoria,argumentó que el proceso licitatorio para ofrecer el servicio VTV fue “legal,transparente e internacional”,destacando la participación favorable de organismos reguladores y asesores.
Bajo la representación legal de los abogados Ramiro e Isidro Pérez Duhalde,refutó los indicios planteados por el fiscal Garganta sobre posibles irregularidades en la selección de empresas adjudicatarias. El fiscal sostiene que DOnofrio “dirigió” las licitaciones para beneficiar a ocho compañías encargadas de los talleres verificadores cuyas concesiones fueron otorgadas en 2024.
Impacto económico y Costos Asociados
Más de 4 millones de vehículos registrados en Buenos Aires deben someterse a este proceso anual y cada propietario paga al menos $79.640 (costo correspondiente a automóviles particulares con peso inferior a 2.500 kilos) por cada revisión técnica.
El ex ministro dejó su puesto en diciembre pasado tras conocerse estas denuncias; sin embargo, defendió también la contratación del proveedor soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., encargado del sistema online para agendar turnos y realizar pagos electrónicos. Según él,esta opción fue “la más económica” necesaria para implementar mejoras tecnológicas al servicio.
Garganta ha expresado sus sospechas sobre esta empresa como una posible intermediaria destinada a facilitar sobornos hacia las concesionarias. En su solicitud formal explicó: «Se estableció un sistema donde se retornaría dinero al ministro mediante Soluciones S.A., obligando a las empresas adjudicatarias a pagar inicialmente un 3% -y luego un 8.5%- más IVA sobre sus ingresos mensuales durante toda la duración del contrato (10 años)».Se estima que este mecanismo podría desviar hasta $4.900 millones durante todo el periodo contractual. A principios del presente año ya bajo una nueva administración ministerial -Martín Marinucci- se mantuvo el acuerdo incrementando dicha comisión del 3% al 8%, según informaron fuentes cercanas al caso.
Cada vez que un propietario solicita una cita online para realizar su revisión técnica vehicular desde una plataforma web administrada por Soluciones SA, esta empresa retiene entre $2.500 (para autos) hasta $11.000 (en casos como transportes pesados cuyo costo asciende hasta $143.000).
En su defensa escrita, DOnofrio argumenta: "Era imperativo modernizar y aumentar la transparencia del servicio VTV; estas innovaciones debían ser implementadas por los proveedores seleccionados". Además aclaró: "La gestión integral requiere software avanzado muy diferente al simple sistema básico utilizado comúnmente".
Asimismo negó tener vínculos previos con Sebastián Decio -dueño de Soluciones SA-, tal como lo afirma el fiscal.
Próximas Indagatorias
En los próximos días se espera que siete empresarios sean convocados para ser indagados por Garganta: Martín Hernán Serrano (Sistema Integral del Automóvil SA),Germán Rebolo (VTV Sud SA),Leonardo Sclafani (Carpes All SA),Aitor Reter Aguado (SGS Argentina SA),Juan Manuel Funes bige (VTV Norte SA),Juan Pablo Pesculich (Applus Iteuve Argentina SA) y Germán Jorge Neuss (VTV Noroeste SA). Todos ellos son presidentes o directivos responsables designados para llevar adelante las revisiones técnicas anuales obligatorias.Además está citado Decio como supuesto vínculo entre DOnofrio y estas empresas involucradas en este escándalo creciente relacionado con otra investigación sobre abogados implicados presuntamente en reducir multas impuestas mediante cinemómetros gracias a complicidad con jueces administrativos colocados estratégicamente dentro del ministerio.
Por otro lado, hace aproximadamente un mes atrás se dictó procesamiento contra él por parte del juez federal Adrián González Charvay bajo cargos relacionados con lavado activo; además ordenó embargos significativos ascendiendo hasta $350 millones contra ambos implicados mientras continúan libres pero sujetos a restricciones patrimoniales dispuestas desde marzo pasado.
