el Caso de la Ruta de los Mineros: Un Ejemplo de Corrupción en Río Turbio
Contexto del Escándalo
El remate de los bienes pertenecientes a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco del caso Vialidad, no se llevará a cabo de manera automática. Este proceso deberá atravesar diversas instancias judiciales antes de concretarse. Un claro ejemplo que ilustra esta situación es el escándalo relacionado con la «Ruta de los Mineros» en Río Turbio, Santa Cruz.Esta obra fue pagada pero nunca se construyó. En 2019, Juan Carlos Lascurain, quien fue presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), recibió una condena a cuatro años de prisión y se le ordenó restituir al Estado aproximadamente cinco millones de dólares ajustados a valores actuales.
Sin embargo, debido a que Lascurain ha presentado múltiples recursos legales y aún tiene un recurso extraordinario pendiente ante la Corte Suprema para determinar si su condena será confirmada o revocada, el decomiso correspondiente no ha sido ejecutado hasta ahora. A diferencia del caso actual que enfrenta Cristina Kirchner, ella ya cuenta con una condena firme.
La Corrupción en Río Turbio
La mina ubicada en Río Turbio ha estado rodeada por diversas causas judiciales que han revelado un entramado corrupto dentro del kirchnerismo. Además del escándalo mencionado sobre la ruta mencionada anteriormente, también existen investigaciones relacionadas con una usina y un tren turístico denominado «Evita», ambos proyectos financiados pero que nunca llegaron a funcionar.
En un documento presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, Fabiana de León, fiscal encargada del juicio, argumentó que “aunque su razonamiento sobre la falta de firmeza para restituir las cosas al estado anterior es correcto”, no logró demostrar adecuadamente que no existía riesgo ni derecho para aplicar medidas cautelares mientras se espera una decisión definitiva por parte del tribunal superior.
De León solicitaba realizar el decomiso antes incluso de recibir respuesta sobre si se confirmaría o rechazaría la condena impuesta a Lascurain y otros coacusados.
Detalles Judiciales Relevantes
La sentencia dictada en 2019 estableció “la reposición al estado anterior” respecto al delito cometido y ordenó devolver lo sustraído junto con intereses acumulados por parte tanto individual como solidariamente entre varios acusados: Atanacio Pérez Osuna (ex interventor), horacio Matías Mazu (diputado provincial), Miguel Ángel larregina (ex coordinador) y Juan Marcelo Vargas (ex asesor). Sin embargo, Casación desestimó el reclamo realizado por De león; actualmente Lascurain aguarda resolución sobre su recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
En 2019 también fue condenado Julio De Vido —ex ministro durante el kirchnerismo— junto con otros implicados como Pérez Osuna por malversación relacionada con fondos destinados a construir esta ruta cerca del complejo minero mencionado anteriormente.
Durante las audiencias judiciales previas al veredicto final contra Lascurain y sus cómplices quedó claro que este caso representa uno más dentro del amplio espectro investigativo sobre corrupción vinculado al manejo irregular e ineficiente dentro Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Conclusiones Sobre Malversaciones Públicas
La fiscalía subrayó durante las audiencias iniciales cómo este acto constituyó un hecho grave dentro del ámbito público: “el cúmulo probatorio permite afirmar sin lugar a dudas que esa entrega monetaria representaba una sustracción ilícita”. Se destacó además cómo las condiciones estipuladas para licitar dicha construcción —un camino destinado específicamente para facilitar accesos alrededor YCRT— no contemplaban pagos anticipados alguno; lo cual refuerza aún más las acusaciones contra Los involucrados incluyendo Fainser S.A., empresa vinculada directamente con Lascurain quien recibió sumas millonarias pese a dejar obras inconclusas tras recibir financiamiento estatal considerablemente elevado sin justificación adecuada alguna.Este tipo situaciones evidencian serios problemas estructurales relacionados tanto administración pública como control financiero estatal donde muchas obras proyectadas quedaron inconclusas o presentaron irregularidades administrativas significativas bajo diferentes gestiones gubernamentales anteriores hasta hoy día sigue siendo objeto escrutinio legal constante desde distintas aristas investigativas abiertas actualmente.
