La justicia ordena la Reanudación del Plan ENIA para Combatir el Embarazo Adolescente
Un Amparo que Busca proteger Derechos fundamentales
Recientemente,la Justicia ha aceptado un amparo presentado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas,Niños y Adolescentes de la Nación. Este recurso solicita al Ministerio de Salud que «reanude inmediatamente» el Plan Nacional de prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Este programa, que había logrado reducir a la mitad los embarazos adolescentes en un periodo de cinco años, fue disuelto por el actual Gobierno.
El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, decidió acoger esta acción colectiva presentada el 26 de febrero por Marisa Graham y Juan Facundo Hernández. Ambos defensores argumentaron que su intervención es necesaria para salvaguardar los derechos humanos de las niñas y adolescentes en las doce provincias donde se implementó el Plan ENIA. La resolución exige al Ministerio garantizar una plena implementación del programa en todas estas jurisdicciones.
Consecuencias Negativas por Omisiones Gubernamentales
Los defensores han señalado que «las omisiones» del Ministerio han resultado en una clara restricción al acceso a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional. Esta situación refleja una regresión evidente en materia de derechos económicos, sociales y culturales para niñas y adolescentes, especialmente respecto a sus derechos sexuales y reproductivos.
En este contexto, solicitaron al Ministerio que ejecute con urgencia el presupuesto destinado a políticas sanitarias relacionadas con salud sexual y reproductiva. Esto es crucial para asegurar que este colectivo pueda acceder adecuadamente a sus derechos sexuales y reproductivos. Además, se busca garantizar prestaciones esenciales como prevención del embarazo no intencional entre adolescentes; atención ante enfermedades transmitidas sexualmente; protección contra abusos; así como acceso legal a interrupciones voluntarias del embarazo.
Asimismo, pidieron asegurar suficiente personal para mantener operativos los equipos territoriales dedicados a estas áreas—donde se despidieron alrededor de 700 trabajadores—y facilitar el acceso continuo a anticonceptivos duraderos. También enfatizaron la necesidad urgente de capacitar nuevamente al personal sanitario en las doce provincias involucradas e instaurar espacios seguros donde jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.
Resultados Positivos Antes del Desmantelamiento
Desde su implementación en 2018 hasta su disolución reciente,el Plan ENIA mostró resultados significativos: En 2017 nacieron aproximadamente 704.609 niños/as en Argentina; entre ellos un 13% (94.079) eran hijos e hijas de madres menores de 20 años. En contraste con estos números alarmantes previos al plan —2.493 nacimientos fueron registrados entre niñas menores de 15 años— tras dos años desde su inicio (2019), los nacimientos entre adolescentes bajaron notablemente: solo hubo 69.803 casos entre jóvenes adultos (15-19 años) y apenas 1.938 casos entre menores (menos de 15).
Para finales del año pasado se observó un descenso aún más pronunciado: solo se registraron aproximadamente 46 mil nacimientos dentro del grupo etario mencionado anteriormente junto con menos casos reportados entre menores aún más jóvenes.
Sin embargo, tras desmantelar este plan exitoso durante el último año fiscal sin recibir respuesta alguna ante solicitudes formales dirigidas hacia la Dirección Nacional correspondiente sobre informes ejecutivos relacionados con dicho programa —los defensores afirman no tener información sobre cómo está siendo gestionada esta política pública actualmente— existe preocupación acerca disminución drástica tanto presupuestaria como operativa relacionada con salud sexual juvenil.
En términos financieros específicos: Para este año fiscal se asignaron inicialmente $2 mil millones argentinos al Plan ENIA pero luego sufrió recortes significativos llegando finalmente solo $1 mil millones ejecutados efectivamente representando apenas un escaso porcentaje respecto total previsto originalmente ($277 millones).
“Decidimos presentar este amparo porque es una política pública muy exitosa”, afirmó Hernández durante una entrevista reciente “No tenía sentido desmantelar algo tan efectivo basado evidencias concretas”.
A pesar reiteraciones urgentes expresadas dentro documento legal presentado ahora queda bajo decisión judicial si procederá o no restablecerse dicha iniciativa aunque Gobierno podría apelar llevando caso eventualmente hasta Corte Suprema si así lo decidiera.
La Organización Mundial De La Salud advierte sobre riesgos asociados embarazos precoces indicando cuatro veces mayor probabilidad mortalidad materna comparando mujeres adultas mayores veinte años además bebés recién nacidos bajo veinte enfrentan doble riesgo mortalidad prenatal o fallecimiento semanas posteriores nacimiento lo cual resalta gravedad problemática social presente hoy día afectando educación bienestar emocional muchas jóvenes quienes deben abandonar estudios debido circunstancias adversas generadas tales situaciones complejas.
