Conflicto entre el Gobierno y Organizaciones Sociales por la Distribución de Alimentos: Un Nuevo Capítulo
Contexto del Litigio
Recientemente, tras un fallo judicial en la disputa entre el Gobierno y diversas organizaciones sociales sobre la entrega de alimentos a comedores comunitarios, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, decidió apelar la sentencia. A pesar de que en un principio se sintieron victoriosos, esta decisión refleja una nueva fase en este conflicto legal.
El juez Walter Lara Correa, quien preside el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, emitió una resolución firme relacionada con un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Estas entidades argumentaron que el Gobierno no estaba cumpliendo con su deber de proporcionar alimentos a los comedores que cumplen con los requisitos establecidos por las políticas alimentarias vigentes. Este litigio se remonta a febrero.
Interpretaciones Contrapuestas
Desde la perspectiva del Gobierno, se sostiene que el fallo reconoce su autoridad para establecer políticas sociales según lo considere más adecuado. Argumentan que en las 127 páginas del dictamen no hay ninguna orden explícita para distribuir alimentos. «Consideramos que (Juan) Grabois ha perdido», afirmaron fuentes cercanas al ministerio.
Grabois es conocido como líder del Frente Patria Grande y abogado representante de UTEP. Junto al CELS participará en una audiencia programada para este jueves en Washington D.C., convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta reunión abordarán no solo cuestiones relacionadas con las políticas alimentarias sino también otros temas críticos como el estado actual del programa Potenciar Trabajo y proyectos paralizados destinados a mejorar condiciones en villas y asentamientos.
Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, expresó su preocupación: «Estamos enfrentando un retroceso significativo respecto a nuestros derechos fundamentales; esto representa una violación tanto a nuestras leyes como a los derechos humanos básicos».
Reacciones ante la Apelación
La apelación presentada por Capital Humano fue celebrada por Grabois como un indicativo claro del fracaso gubernamental. En sus declaraciones cuestionó: «Si realmente has ganado contra nosotros, ¿por qué decides apelar? Deberías tener al menos algo de coherencia al dejar atrás las mentiras sobre despilfarros».
Desde Capital Humano aclararon que su apelación se basa principalmente en lo concerniente a informar mensualmente sobre sus planes alimentarios ante la Justicia. Según ellos, “la acción jurídica busca aclarar nuestra obligación sin establecer límites temporales o finalidades específicas”.
Además criticaron al juez Lara Correa porque si bien reconoció su capacidad para definir políticas alimentarias efectivas también les impone cumplir con programas existentes relacionados con estas políticas.
Implicaciones Legales Futuras
En este contexto legal complejo también señalaron que hubiera sido apropiado rechazar completamente esta acción colectiva e imponer costos legales a quienes presentaron dicha demanda; algo que fue desestimado por Lara Correa.
El documento formal presentado ante la Cámara de Apelaciones lleva firma del nuevo director jurídico Alejandro Migdalek; notablemente vinculado anteriormente al exministro Julio De Vido durante tiempos pasados bajo su administración.
Por otro lado, mientras algunos sectores dentro del Gobierno celebraban ciertos aspectos positivos reconocidos dentro del fallo —como irregularidades detectadas en registros nacionales— las organizaciones sociales vieron avances significativos respecto al reconocimiento judicial hacia cooperativas afectadas injustamente debido a supuestos incumplimientos gubernamentales.
este caso será revisado nuevamente ya que ha llegado hasta sala III dela Cámara Nacional Contenciosa Administrativa antes potencialmente escalar hacia instancias superiores como lo es La Corte Suprema —un escenario delicado dado los desafíos actuales enfrentados por dicha institución— donde múltiples provincias han interpuesto demandas contra decisiones administrativas recientes bajo liderazgo presidencial actual.
