Alberto Fernández Apela su Procesamiento por Corrupción ante la Cámara Federal
Contexto del caso
El ex presidente argentino, Alberto Fernández, ha decidido impugnar el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública en relación a la causa conocida como «los Seguros». En este contexto, Fernández busca revertir las acusaciones de corrupción presentando una apelación ante la Cámara Federal de Buenos Aires. Este miércoles, el magistrado remitió el caso al Tribunal de Alzada para que evalúe los argumentos presentados.
Detalles del procesamiento
A principios de julio, Casanello procesó a Fernández debido a irregularidades en la contratación de seguros por parte de múltiples organismos públicos. Se le atribuyó haber pagado comisiones exorbitantes a intermediarios privados y se le impuso un embargo que asciende a 14.634 millones de pesos argentinos. Junto al ex mandatario también fueron procesados su amigo y corredor de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.
La abogada defensora, Mariana Barbitta, argumenta que el procesamiento es nulo porque considera que se basa en una resolución judicial «absolutamente arbitraria» que infringe derechos constitucionales fundamentales.
Recurso Legal y Argumentos
Fernández no es el único implicado que ha presentado un recurso contra su procesamiento; otros imputados también han apelado sus casos. Tras recibir todos los escritos pertinentes, Casanello decidió remitir las apelaciones a la Cámara Federal para determinar si procede mantener las acusaciones contra el ex presidente.
En los fundamentos del recurso presentado por Barbitta se sostiene que “el ex Presidente ha sido procesado sin haber sido indagado sobre los hechos específicos” ni haber tenido oportunidad para ofrecer pruebas o explicaciones adecuadas.La defensa enfatiza que no existe un sustento probatorio sólido detrás del fallo emitido por Casanello: “Es esencial emitir una resolución basada en los mismos hechos discutidos durante la indagatoria; si esta conexión se rompe, estaríamos ante una clara causal de nulidad”.
Barbitta subraya además: “Fernández es quien más tiene en juego con esta decisión cuya nulidad solicitamos; nunca pudo defenderse adecuadamente frente a las acusaciones ahora planteadas”.
Las Acusaciones Específicas
En su extensa resolución —de 400 páginas— Casanello imputó al ex presidente delitos relacionados con negociaciones incompatibles con sus funciones públicas e incumplimiento de deberes como funcionario público.El embargo impuesto fue equivalente al monto mencionado anteriormente.
La causa conocida como «los Seguros» surgió tras revelaciones periodísticas sobre pagos millonarios realizados en contratos aseguradores vinculados con ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social). Durante su indagatoria, se mencionó una supuesta “maniobra criminal” relacionada con 45 contratos firmados entre diversos organismos estatales y Nación Seguros.
un decreto presidencial facilitó la intervención directa de corredores privados en estos contratos. Según informes oficiales, durante el gobierno actual se desembolsaron más de 3 mil millones pesos argentinos en comisiones hacia intermediarios; notablemente un 68% fue dirigido hacia Martínez Sosa y su grupo empresarial.
Hasta ahora han sido interrogadas alrededor de 40 personas involucradas bajo sospecha por participar coordinadamente entre diciembre del año pasado hasta diciembre próximo dentro un esquema irregular relacionado con fondos públicos destinados a seguros contratados desde distintas reparticiones gubernamentales.
Los corredores habrían operado junto con fernández para gestionar estas contrataciones estatales mediante intermediación privada entre entidades públicas y Nación Seguros e incluso incluir empresas coaseguradoras sin justificación adecuada.
A pesar del intento reciente por parte del ex mandatario para aclarar su situación legal mediante ampliación declarativa ante Casanello —quien había asumido inicialmente este caso— no logró desvirtuar lo establecido hasta ahora: actos considerados corruptos según lo determinado judicialmente.
