exclusión de Aubasa en la licitación de rutas: Un Análisis Detallado
El Gobierno Nacional ha confirmado que Aubasa, la empresa provincial encargada de la gestión de autopistas en Buenos Aires, ha sido excluida del proceso licitatorio para operar rutas en esta provincia. La compañía había presentado su candidatura para participar en la privatización y cobro de peajes a lo largo de 1.300 kilómetros de corredores viales dentro del territorio bonaerense.
Decisión Administrativa y Reacciones
A través del decreto 411/2026 publicado en el Boletín Oficial, el ministro Luis “Toto” Caputo ratificó la exclusión de Aubasa del concurso público. El Ministerio de Economía desestimó un «recurso jerárquico» interpuesto por la empresa que cuestionaba su descalificación. Las autoridades provinciales argumentaron que se habían modificado las reglas durante el proceso licitatorio y sugirieron que esta decisión era motivada políticamente, señalando que el gobierno liderado por Javier Milei no deseaba otorgar un negocio vial a Axel Kicillof.
la justificación oficial para esta medida se basa en el incumplimiento por parte de Aubasa de requisitos técnicos y financieros esenciales establecidos en los pliegos correspondientes. Además, se rechazaron las acusaciones sobre supuestas fallas informáticas, asegurando así una competencia justa y transparente entre todos los participantes.
Con este pronunciamiento, el Gobierno considera «agotada la instancia administrativa», lo cual permite avanzar con el proyecto destinado a concesionar obras públicas mediante peajes. Si desea continuar con su reclamo, la Provincia deberá recurrir al sistema judicial; esto implicaría involucrar a la Fiscalía General bonaerense.
Argumentos Provinciales y Contexto Económico
Desde el gobierno provincial se sostiene que Aubasa cumple con todos los requisitos necesarios y critican lo que consideran una decisión arbitraria por parte del presidente Milei. La licitación afectada es conocida como Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones–Etapa II. Este proyecto implica una inversión mínima estimada en $170 mil millones durante dos años antes del inicio del cobro efectivo de peajes.
La controversia surge en un contexto tenso entre funcionarios provinciales y nacionales respecto al estado actual del sistema vial argentino. Gabriel Katopodis,ministro provincial de Infraestructura,expresó sus preocupaciones sobre cómo las nuevas licitaciones impulsadas por Caputo podrían resultar en un aumento significativo del número cabinas para peaje: “Se prevé colocar estaciones cada 30 o 50 kilómetros”,advirtió Katopodis.
Además criticó severamente lo que considera una paralización deliberada obra pública: “No solo es cuestión estructural; es también un riesgo económico”, afirmó Katopodis refiriéndose al deterioro generalizado presente en más de 40 mil kilómetros carreteros a nivel nacional debido al mal uso recaudado mediante impuestos destinados específicamente al mantenimiento vial.
Intercambio Público entre Funcionarios
Este conflicto verbal ya había comenzado previamente cuando Pablo Quirno —canciller— respondió públicamente a críticas formuladas desde Buenos Aires tras un anuncio gubernamental sobre mejoras realizadas recientemente (más allá) sobre más 200 kilómetros específicos conectando Zárate con Gualeguaychú bajo esquemas privados financiados.
Katopodis replicó señalando que tales trabajos son insignificantes comparados con toda red nacional: “Celebran haber reparado baches mientras miles siguen sin atención”, enfatizó irónicamente refiriéndose al escaso impacto real frente necesidades urgentes existentes actualmente.En respuesta directa Quirno defendió su postura afirmando: “¿Acaso habla quien dejó las rutas sumidas?”.
El decreto emitido también subraya cómo Aubasa participó sin impugnar previamente ni cuestionar formalmente los términos establecidos; esto implica aceptación tácita según principios legales aplicables durante procesos competitivos similares donde no puede alegarse posteriormente inconformidad tras ser descalificada legalmente.
Por ahora compiten diversas firmas constructoras como Roggio-Chediak o Vial Agro-Fontana Nicastro entre otras por hacerse cargo este lucrativo tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur mientras persiste incertidumbre respecto futuro inmediato infraestructura vial argentina ante tensiones políticas actuales.
