Nélida Agustina Bisio, ex administradora de la ANMAT, estuvo más de cuatro horas en los Tribunales federales de La Plata para ampliar su indagatoria por la tragedia del fentanilo contaminado, en un proceso que la involucra como imputada. Según trascendió en fuentes judiciales, la ex responsable del organismo rechazó ser responsable de la falta de controles a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de donde salieron los remedios en mal estado.
Derivó responsabilidades en una de sus subordinadas, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, también imputada en el caso. “Rechazo que todo lo que ocurría en la ANMAT estuviera en mi conocimiento”, dijo Bisio. Y despegó al ministro de Salud, Mario Lugones, de las eventuales consecuencias de este escándalo sanitario: en la extensa exposición ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, aclaró: “Cuando me refería a «Mario» en las conversaciones telefónicas y en los chats, era porque me preguntaba como avanzaban los procesos contra los laboratorios inspeccionados. Lo hacía porque en conversaciones que teníamos de manera periódica siempre manifestaba su intención de endurecer y acelerar las medidas de control sanitario sobre los laboratorios implicados”.
Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas hace dos semanas por pedido de la fiscalía y en un procedimiento autorizado por el juez. Después de dos días y con el pago de una fianza de $ 75 millones cada una recuperaron la libertad pero seguirán bajo investigación.
El expediente que se tramita en el Juzgado Federal Nro 3 de La Plata intenta determinar la responsabilidad en la muerte de 90 personas que recibieron fentanilo en diferentes centros asistenciales del país, a partir de marzo de 2025. También otras 44 personas terminaron agravando sus cuadros de salud por este motivo, según estableció un estudio que hizo la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia.
El escándalo del fentanilo contaminado, que estalló con un estudio que realizó en Hospital Italiano de La Plata, derivó en la detención de Ariel Garcia Furfaro, dueño de Ramallo y HLB, de su hermano Diego y de otros 10 directivos y técnicos de las empresas que fabricaban este opioide que se usa como anestésico para enfermos en situación grave.
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