El bloque peronista del Senado redobló la ofensiva judicial en la pelea por los asientos en el Consejo de la Magistratura. Después de que un juez le rechazara la estrategia con la que buscaba habilitar un nuevo mandato del senador Mariano Recalde -dirigente de La Cámpora y consejero por la Cámara alta-, el presidente del bloque Justicialista, el formoseño José Mayans, apeló esa decisión y recusó en la mañana de este viernes al magistrado que debía quedar a cargo del caso.
La presentación apunta a conseguir un fallo que confirme que Recalde puede volver a ser designado en el organismo que selecciona y remueve jueces federales y nacionales, justo cuando debe definirse la integración del cuerpo para el período 2026-2030.
El reclamo del peronismo no nació de cero. Semanas atrás, el consejero del propio Poder Judicial Diego Barroetaveña había conseguido algo parecido por su cuenta: una medida cautelar que le garantiza poder presentarse a la reelección en representación de los jueces.
Mayans construyó su estrategia sobre esa base: pidió unificar su causa con la de Barroetaveña para que un mismo juez definiera los dos casos con el mismo criterio, y evitar así que la Justicia termine dándole la razón a uno y no al otro por una misma norma. El planteo no prosperó -el juez entendió que se trata de casos distintos, con protagonistas y estamentos diferentes- y ahí fue cuando el bloque decidió no resignarse al juzgado que le tocaba y salió a buscar otro camino.
De fondo hay una laguna legal que el Congreso nunca terminó de resolver. Desde 2021, distintos fallos de la Corte Suprema dejaron en un limbo qué versión de la ley que regula el Consejo de la Magistratura está realmente vigente. La legislación original, de 1997, permitía la reelección consecutiva por una única vez de los consejeros. Las reformas posteriores limitaron la reelección con intervalo de un periodo.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las reformas en 2021 y ordenó que cobrase nueva vigencia la normativa original, lo que modificó por completo la configuración del Consejo de la Magistratura.
La incertidumbre sobre si ahora están habilitadas, o no, las reelecciones es la que explotan, cada uno por su lado, el consejero del Poder Judicial Diego Barroetaveña, las consejeras por los abogados Jimena De la Torre y Fernanda Vázquez, Mariano Recalde y los diputados cristinistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. La otra representante por el peronismo del Senado, Anabel Fernández Sagasti, no tiene impedimentos para seguir en el cargo por haber arrancado su mandato después que el resto.
En julio, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 6 Enrique Lavié Pico hizo lugar a una presentación del camarista Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura que se abstuviera de impedirle participar como candidato a consejero en la elección de este año del estamento de los magistrados. Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendieron la medida cautelar que beneficiaba a Barroetaveña hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Pero apenas conocieron la jugada de Barroetaveña, y en plena feria judicial de invierno, De la Torre, Vázquez y los legisladores peronistas Recalde, Tailhade y Siley -en realidad la presentación la hicieron los jefes de sus respectivos bloques, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez- fueron con recursos similares con el argumento de que existía «conexidad» con la situación de Barroetaveña.
Pero el magistrado Lavié Pico rechazó la «conexidad» y envió los amparos a otros jueces. Según Lavié Pico, en el caso de Barroetaveña es un consejero en ejercicio que reclama un derecho personal: su propia habilitación para postularse como candidato en representación del estamento de los jueces, en un proceso electoral regido por un reglamento específico que prevé elección por voto de los magistrados.
Según el magistrado, Mayans compareció como jefe de un bloque legislativo, reclamando no un derecho propio sino una atribución institucional del cargo: la de proponer e integrar la nómina de representantes del bloque ante el Consejo, respecto de un tercero (Recalde) que ni siquiera es parte en el proceso. Así, envió el expediente al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 9 de Pablo Cayssials, que era el correspondía si no existía la conexidad.
¿Otras intenciones?
En el recurso de apelación que presentó este viernes, Mayans incluyó la recusación del juez Cayssials. Apunta a que el magistrado quede automáticamente apartado de la causa y el expediente pase al que sigue en el orden de turno.
En sectores políticos desconfían de las verdaderas intenciones del peronismo. Sospechan que toda su jugada judicial no apunta a obtener la declaración de certeza de que sus legisladores puedan continuar como consejeros en la Magistratura sino a embarrarle la cancha a Barroetaveña.
También a conseguir una señal para sus cuatro consejeros -Recalde, Fernández Sagasti, Tailhade, Siley- cuando el actual mapa legislativo indica que el peronismo seguramente perderá dos asientos.
Incluso, integrantes del Consejo de la Magistratura plantean que esa declaración de certeza que pidió el peronismo es una puesta en escena porque a diferencia de los estamentos de los jueces, abogados y académicos, los representantes del Parlamento no son electos sino designados. Con lo que no tendrían impedimento legal para que el Senado y Diputados vuelvan a nombrarlos.
Los mandatos de todos vencen en noviembre.
