Las millonarias indemnizaciones a funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA) volvieron a quedar bajo la lupa. Esta vez, por el retiro voluntario del gerente de Asuntos Legales de la empresa que administra la TV Pública y Radio Nacional, Alfredo Schnaiderman.
Según pudo saber Clarín, Schnaiderman dejó RTA mediante el Plan de Retiro Voluntario aprobado por las autoridades de la empresa estatal, aunque desde hacía alrededor de tres meses ya desempeñaba un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso generó cuestionamientos internos, que escalaron cuando un gremio advirtió a las autoridades de RTA que Schnaiderman se encontraba trabajando en otro organismo del Estado, de la ciudad de Buenos Aires, y consultó a la Oficina Nacional de Empleo Público sobre la aplicación del Plan de Retiro Voluntario.
El organismo señaló que la empresa estatal tenía la potestad de aceptar o rechazar el pedido, por lo que la decisión final quedó en manos de sus autoridades. Y el interventor de los Medios Públicos, Carlos Curci -exvocero de la Sociedad Rural, que asumió en julio del año pasado-, resolvió aprobar el retiro voluntario de Schnaiderman, quien trabajó unos 15 años en RTA.
Fuentes cercanas a las autoridades de RTA consultadas por Clarín explicaron que se trató de una cuestión «técnica y administrativa», que se aplicó «por igual a todos los empleados de la empresa», independientemente de si ocupaban cargos jerárquicos. Según señalaron, en este tipo de trámites no intervino la opinión de las autoridades de RTA respecto a la conveniencia de otorgar ese beneficio, aunque la resolución final requirió la firma del interventor de la empresa.
Las mismas fuentes explicaron que la incompatibilidad es cuando una persona ocupa simultáneamente dos cargos en el Estado nacional. Pero señalaron que esa incompatibilidad no existe cuando uno de los cargos corresponde a RTA, que depende del Estado nacional, y el otro al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso de Schnaiderman, por tratarse de dos jurisdicciones diferentes.
Además, las autoridades de RTA negaron que el monto del retiro voluntario de Schnaiderman hubiera alcanzado los 100.000 dólares, cifra que circuló en algunos sectores de los medios públicos. La indemnización recibida por el exfuncionario estuvo por encima de los $100 millones, aseguraron a Clarín dos fuentes que accedieron a ese expediente; pero las fuentes cercanas a las autoridades de RTA se negaron a informar el monto exacto abonado al ex gerente de Asuntos Legales.
La controversia vuelve a poner el foco en los criterios utilizados por RTA para aprobar las desvinculaciones de sus funcionarios. La propia respuesta de la Oficina de Empleo Público señaló que la aceptación del retiro no era automática, sino una facultad exclusiva de las autoridades de la empresa estatal.
Desde RTA destacaron a Clarín que el Plan de Retiro Voluntario ya fue cerrado y que permitió la salida de 180 empleados el último año, entre los cuales estuvo el exgerente de Legales. Según explicaron fuentes cercanas a la conducción de la empresa, durante el último año se produjeron 270 bajas en total, entre los retiros voluntarios y otras desvinculaciones, como jubilaciones y la no renovación de contratos. De esta manera, la estructura de RTA quedó reducida a poco menos de 2.000 empleados.
El proceso forma parte de la política de reducción de gastos y de personal que las autoridades vienen aplicando en los medios públicos desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El plan es resistido por los sindicatos y sectores de la oposición, que cuestionaron los despidos y el impacto de esas desvinculaciones en los medios públicos.
Búsqueda y castigo de las fuentes de información
El caso de Schnaiderman se suma a una serie de indemnizaciones millonarias por retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que Clarín reveló en 2024 y que generaron una fuerte controversia.
Entre ellas figuró la del entonces subgerente artístico Oscar Gómez Alé, quien acordó una indemnización de $81.514.726 en el año 2024; la de la subgerenta de Legales, María Eugenia Martínez, que ese año recibió $39.413.361 mediante un régimen de jubilación anticipada; la de la subgerenta de Producción, Nora Chirom, por $47,1 millones; y la de la subgerenta de Administración y Finanzas, Analía Senega, quien acordó en 2024 una indemnización de $15.105.482.
El caso de Analía Senega provocó un fuerte impacto, ya que había conseguido otro trabajo y cuando tomó el retiro voluntario en RTA tenía 43 años, en un cargo que fue designada por la extitular de RTA, Rosario Lufrano, en octubre de 2020. La funcionaria recibió más de $15 millones de indemnización, en lugar de presentar su renuncia por un cargo político que ocupó durante casi cuatro años.
Aquellas decisiones también fueron justificadas por las autoridades de RTA como parte del proceso de reducción de personal impulsado a través del Plan de Retiro Voluntario.
Sin embargo, las publicaciones de Clarín sobre aquellas indemnizaciones derivaron en una investigación interna impulsada por la conducción de RTA, a cargo del entonces interventor Eduardo González, para determinar el origen de las filtraciones de documentación y castigar a quien creían la supuesta responsable.
La empresa estatal echó a Victoria Nasisi, secretaria de la Gerencia de Administración y Finanzas, con 24 años de antigüedad, a quien inicialmente despidió en septiembre de 2024 por «pérdida de confianza», bajo la acusación de haber accedido a información sensible.
En ese entonces, luego de movilizaciones de gremios y empleados de RTA, Nasisi fue incorporada al Plan de Retiro Voluntario y tuvo que dejar la empresa estatal.
Tres fuentes independientes entre sí coincidieron en que la causa de su despido fue la acusación de ser la fuente de información de dos notas publicadas en Clarín sobre las millonarias indemnizaciones que el interventor González le pagó a cuatro funcionarios de RTA durante ese último mes; mientras que las autoridades de la empresa estatal sostuvieron que, en realidad, se trató de un caso de acceso indebido a documentación reservada.
Habrá que ver si ahora las actuales autoridades de RTA insisten en ese camino de persecución a las fuentes de información periodística, que implementó el exinterventor González, o si priorizan el derecho de los ciudadanos al acceso a información de interés público, en el caso de Schnaiderman.
El ajuste en la era Milei
A principios de 2024 el gobierno intervino los medios públicos y designó a Diego Chaher, quien se encargó de cerrar la agencia de noticias Télam. En julio de ese año, Chaher fue ascendido, para reestructurar todas las empresas estatales y fue reemplazado en los medios públicos por el subinterventor de RTA, Eduardo González, quien lanzó un plan de retiros voluntarios que logró la adhesión de unos 200 empleados, una cifra bastante menor a las expectativas que tenía la gestión del presidente Milei en los medios públicos.
Además, casi esa misma cantidad de periodistas, fotógrafos y productores se incorporaron en simultáneo a RTA, transferidos por Télam -y están en el edificio de avenida Belgrano que pertenecía a esa agencia de noticias-, luego de su cierre, de donde se desvincularon otros 400 empleados.
Previo a eso, a principios de 2024 se fueron 300 empleados de Radio Nacional, cuando no les renovaron los contratos a la mayoría de los programas que venían de la gestión de Rosario Lufrano en RTA, bajo la presidencia de Alberto Fernández, junto con muchos que trabajaban en las 49 filiales que Radio Nacional tiene en todo el país.
«La programación se mantiene muy bien con la gente que queda, con los empleados históricos de la radio, que tienen un compromiso muy grande con cada una de las emisoras», planteó en esa ocasión a Clarín una fuente cercana a las autoridades de la radio, cuando la gestión Milei proponía privatizar todos los medios públicos.
Luego el Congreso impidió esas privatizaciones. Entonces, racionalizaron el organigrama de funcionarios en RTA, hicieron un plan de retiros voluntarios al que se adhirieron unos 200 empleados y el último año redujeron otros 270 puestos más en la TV Pública y Radio Nacional.
