Sin el capítulo que eliminaba las restricciones de venta de tierras a extranjeros, el oficialismo aprobó en general en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que plantea cambios al Código Procesal Civil -para endurecer los desalojos- y modifica las leyes de expropiaciones. Sin embargo, a último momento, La Libertad Avanza también tuvo que retirar el título que cambiaba la Ley de Manejo al Fuego, de Máximo Kirchner, porque no tenía los votos.
La votación en general obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra.
“Se cambian los dictámenes porque se discute, porque este Senado no es una escribanía. Creemos en esto, escuchamos, debatimos y construimos consensos”, se adelantó la jefa libertaria Patricia Bullrich, antes de que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales anunciara el retiro del capítulo de Manejo al Fuego.
«Plantear que así como informé del retiro del capítulo tercero del dictamen, incorporar el retiro del capítulo cuarto», sentenció brevemente Coto.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Lo mandó en marzo al Congreso y tuvo dictamen de comisiones en mayo, pero su votación fue suspendida cuatro veces porque no estaban garantizados los números para aprobarla. Las negociaciones se volvieron tan complicadas que el texto llegó a tener 17 versiones.
El proyecto original tenía seis temas y 53 artículos, pero se terminó votando un texto de tres ejes y 37 artículos. Primero, en el debate en comisión, se eliminó por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que delegaba las tareas de su regularización a las provincias para hacerlo más efectivo, porque los gobernadores pedían fondos para hacerse cargo de eso.
Un día antes de la sesión -porque no tenían forma de conseguir los votos para aprobarlo- el oficialismo retiró el capítulo que modificaba el Régimen de Protección de Tierras Rurales y eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Minutos antes de la votación también dio marcha atrás con la modificación a la Ley de Manejo al Fuego.
El oficialismo quería derogar un artículo puntual incorporado a propuesta de Máximo Kirchner y aprobado por el Congreso en 2020. Sin embargo, la falta de apoyos de aliados provinciales complicó la ecuación. La tucumana Beatriz Avila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón y los dos santacruceños fueron por el rechazo total del proyecto.
A eso se sumó que la chubutense Edith Terenzi y el radical Maximiliano Abad adelantaron que votarían en contra de la cuestión del Fuego en particular. Pero otros legisladores, aunque no lo plantearon públicamente también le avisaron al oficialismo que no lo votaban y a La Libertad Avanza no le quedó otra opción que retirarlo.
Qué decía el último capítulo que retiraron
La norma actual establece que si un bosque nativo, implantado, áreas protegidas o humedales sufrían un incendio accidental o intencional se prohíbe por 60 años cambiar el uso que esas superficies tenían hasta el momento del incendio y también su loteo, fraccionamiento o la creación de cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares o fiscales.
En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales la prohibición es por 30 años.
El proyecto del oficialismo solo dejaba firme la restricción para el caso de bosques nativos, de acuerdo a lo ya establecido en la Ley de Bosques.
Debate caliente
El oficialismo planteó que el cambio es para evitar un «doble castigo» para el dueño del terreno incendiado. La oposición señaló que es para promover la «especulación inmobiliaria».
«Esas propiedades quedan paralizadas por una cantidad de tiempo que si uno lo considera, 30 o 60 años es literalmente la vida de una persona. No se está tratando de beneficiar a quien cometa un ilícito, sino evitar un doble castigo”, defendió Agustín Coto, miembro informante de LLA.
El radical Maximliano Abad- uno de los pocos de la UCR que adelantó su voto en contra de ese punto- señaló que «está viciado de inconstitucionalidad» y que «va a ser materia de discusión judicial” por el principio de no regresión ambiental.
«La Patria no se vende, no se incendia y no se privatiza. Son muy duros con los trabajadores, los inquilinos y quienes no tienen acceso a la vivienda, pero extremadamente generosos con los ricos», se quejó Mariano Recalde de UP.
Los federales de Convicción Federal (CF) y la salteña Flavia Royón también se manifestaron en contra de la ley pero en su totalidad. “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”, despotricó el catamarqueño Guillermo Andrada, jefe de bloque de CF.
Royón dijo que no acompañaba porque el proyecto tiene «errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y pidió discutir las «verdaderas prioridades: reforma impositiva, previsional y coparticipación federal».
«La inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17, y este proyecto está hecho para grupos y elites, y perjudica a los argentinos, así que no vengan con eufemismos. Por eso está llena esa plaza”, sostuvo José Mayans en alusión a la marcha que terminó con incidentes en la calle.
En el arranque de la sesión el jefe de la bancada opositora fracasó en el intento de mandar de vuelta al proyecto a comisión y levantar la sesión. Sometió esa moción a votación pero fue rechazada por 38 votos a 31.
Desalojos y expropiaciones
Quedaron aprobados los capítulos que regulan los desalojos, las expropiaciones y la del Registro de Propiedad del Inmueble, que promueve la digitalización de los trámites.
En cuanto a los desalojos, la norma plantea procesos más rápidos, por vía sumarísima; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble «en supuestos de verosimilitud del derecho – «bajo caución juratoria y con control judicial suficiente»-; la modernización de los sistemas de notificación, con la incorporación del domicilio electrónico; y además le da al juez más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
Sobre las expropiaciones se incorpora la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización y un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago.
En el dictamen ya habían especificado que será por IPC más la tasa activa del Banco Nacion para operaciones de descuento a 30 días
También se estipuló que «la indemnización por lucro cesante podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior». Y en casos de ocupación temporánea del Estado se fijó el límite de 90 días prorrogables por única vez.
Sin virtualidad
La sesión estuvo presidida por el puntano libertario Bartolomé Abdala porque la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo debido al viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia.
En el arranque, el oficialismo consiguió evitar que la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama puedan participar y votar en forma virtual. Sagasti había hecho el pedido porque está cursando un embarazado avanzado de riesgo y tenía expresa directiva de su médico de no viajar. Fama está recién operado de la rodilla.
Sin embargo, sorprendió que el peronismo terminó avalando junto al oficialismo -a mano alzada- que ninguno de los dos puedan participar de manera remota. Acordaron que se presenten proyectos para evaluar el tema y que se discuta en la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo cierto es que los opositores se dieron cuenta que podían dejar un precedente que cambiara totalmente la dinámica del Congreso y que incluso les jugara en contra en el futuro.
La defensa de Benegas Lynch
También en el inicio Joaquín Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para defenderse de la impugnación que hizo en su contra la peronista Juliana Di Tullio. Lo impugnó por «conflicto de intereses» porque tiene una empresa de gestión de venta de tierras a extranjeros que tiene el libertario y sentenció que no podía participar del debate de este proyecto, aunque ese capítulo luego fue retirado.
Benegas Lynch aseguró que hay «una ausencia de conflicto de interés particular» en su caso y «una falta de sustento jurídico». En su enojo disparó hasta con los aliados de LLA: «El show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos lleva a no poder hoy lamentablemente votar este capítulo».
La frase de «los tibios del medio» cayó mal entre los senadores de bancadas aliadas y promete traerle problemas al bloque libertario que ya empezó a recibir reclamos.
