Bélgica Avanza en la Regulación de la prostitución: Un Nuevo Estatuto para los Trabajadores del Sexo
La Legalización como estrategia de Protección
Bélgica ha cerrado el debate sobre la legalización de la prostitución, optando por un enfoque regulatorio que contrasta con las políticas restrictivas de algunos países escandinavos. A diferencia de naciones como Suecia y Noruega, que buscan abolir esta actividad penalizando a los clientes, Bélgica ha decidido aceptar la realidad y regular el sector para proteger a quienes trabajan en él. Esta iniciativa fue impulsada por Pierre-Yves Dermagne, ministro de Trabajo y viceprimer ministro del país.
El pasado domingo se implementó un nuevo «Estatuto de los trabajadores del sexo», aprobado por el Parlamento federal el 3 de mayo. este marco legal tiene como objetivo salvaguardar mejor los derechos laborales en un sector históricamente marginalizado dentro de la economía belga.
Derechos Laborales y Protección Social
Con esta nueva legislación, tanto hombres como mujeres dedicados a la prostitución deberán formalizar su actividad mediante contratos laborales con empresas (como clubes nocturnos) o registrarse como trabajadores autónomos. Esto les permitirá salir del limbo legal en el que operaban anteriormente, donde su trabajo era tolerado pero no reconocido oficialmente.
A partir ahora, estos trabajadores contarán con derechos fundamentales que incluyen acceso a prestaciones sociales, vacaciones pagadas y cobertura sanitaria. El nuevo estatuto garantiza una remuneración mínima no inferior al salario mínimo legal —que ya supera los 1.600 euros mensuales— así como condiciones laborales justas: un máximo de 35 horas semanales y al menos dos días libres cada semana.
Además, tendrán derecho a rechazar clientes o actividades sexuales sin temor a represalias por parte de sus empleadores. También podrán establecer sus propias condiciones antes del inicio cualquier servicio sexual.
Comparativa Internacional: Enfoques Divergentes hacia la Prostitución
Mientras Bélgica sigue el camino marcado por Alemania hacia una regulación más abierta y transparente del trabajo sexual —conscientes que intentar abolirlo es poco realista— otros países han adoptado enfoques diferentes. Por ejemplo, Suecia implementó en 1999 una ley innovadora que despenaliza la venta pero penaliza al cliente; quien contrata servicios sexuales es considerado culpable bajo esta normativa.
Los resultados iniciales fueron significativos: tras dos años desde su implementación se reportó una reducción del 50% en casos relacionados con prostitución; sin embargo, este número se estabilizó posteriormente. Además, las estadísticas indican que hubo una disminución similar en casos relacionados con trata humana destinada a explotación sexual.
La legislación sueca también estableció programas destinados a ayudar a las mujeres involucradas en este ámbito para facilitar su reintegración laboral mediante apoyo social adecuado e iniciativas formativas.En contraste con estos modelos punitivos contra los clientes adoptados por suecia o Noruega —que han sido replicados parcialmente por Irlanda— Bélgica ha decidido centrarse más bien en regularizar y proteger efectivamente tanto a trabajadoras como trabajadores sexuales dentro del marco económico nacional actual.
Este enfoque busca no solo mejorar las condiciones laborales sino también erradicar prácticas abusivas asociadas al trabajo sexual clandestino mientras se protege especialmente aquellos individuos vulnerables ante situaciones críticas relacionadas con trata humana o explotación laboral.
