El Gobierno Acelera las Negociaciones para la Reforma Laboral en un Contexto de Litigiosidad Creciente
Desde esta semana, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para asegurar el apoyo del Congreso al proyecto de reforma laboral que fue presentado en diciembre ante el Senado. Esta iniciativa se busca discutir durante un nuevo período de sesiones extraordinarias que Javier Milei convocará en los próximos días, con la intención de llevarla al recinto el 11 de febrero.
Contexto Preocupante: Aumento en las Demandas Laborales
La urgencia del Ejecutivo por avanzar con esta reforma, considerada como una herramienta clave para combatir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo, coincide con datos alarmantes sobre un aumento significativo en las demandas contra el sistema de riesgos del trabajo. Actualmente, estas demandas representan aproximadamente la mitad del total de litigios laborales.
Un informe reciente elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) revela que durante 2025 se registraron más demandas contra las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) que lo anticipado. Con un total acumulado superior a 134 mil juicios —unos 370 casos diarios— este número supera incluso las proyecciones iniciales que estimaban alrededor de 130 mil nuevos litigios.este incremento representa un aumento del 6,4% respecto a los 126.055 juicios presentados en 2024.
Además, se observó una escalada notable en el último cuatrimestre del año pasado, donde las nuevas demandas crecieron interanualmente un sorprendente 12%, casi duplicando el promedio anual.En diciembre pasado se registraron más juicios que en noviembre —a pesar de esperar una caída estacional— lo cual recuerda situaciones similares vividas anteriormente cuando hubo cambios legislativos significativos.
Un sistema Judicial Bajo Presión
El stock acumulado hasta diciembre también es preocupante; hasta ese momento había cerca de 287.802 procesos pendientes y esa cifra aumentó a 317.848 hasta septiembre último. Mara Bettiol, presidenta de UART, advirtió sobre este récord injustificable e insostenible: «Cerrar 2025 con más de 134 mil juicios es alarmante; ir a juicio no tiene costo alguno para los demandantes y esto está colapsando nuestro sistema».
Las aseguradoras han calculado que financiar este nivel creciente podría requerir aumentar hasta un 80% la alícuota promedio actual pagada por empresas para cubrir ART; esto implicaría pasar del 2,85% actual al 5,15%, tanto para hacer frente a nuevas demandas como a tasas desproporcionadas impuestas por sentencias judiciales.
En respuesta a esta situación crítica y reconociendo su importancia dentro del marco reformista propuesto por el Gobierno, desde UART valoraron positivamente algunas medidas incluidas destinadas a contener esta escalada judicial; sin embargo subrayaron también la necesidad imperiosade contar con una Justicia eficiente: «Es essential modernizar nuestras normas laborales», afirmaron desde UART.
Desafíos persistentes Tras Reformas Anteriores
A pesar ya haber implementado leyes como la Ley N°27.348 sancionada en 2017 —que buscaba mitigar estos problemas mediante comisiones médicas administrativas bajo supervisión— muchos tribunales aún enfrentan demoras significativas o inconsistencias entre evaluaciones administrativas y judiciales sobre incapacidades laborales.
Los peritos judiciales externos encargados son otro punto crítico; actúan sin supervisión adecuada y sus honorarios están vinculados directamente o indirectamente al resultado final del juicio. además existe falta claridad respecto a cómo aplicar intereses legales entre diferentes jurisdicciones e incluso dentro mismo distrito provincial.
El informe mencionado destaca además cómo solo alrededor del 55% monto total dictaminado llega efectivamente a manos trabajadoras mientras que casi el 45% restante se destina al pago honorarios legales y otros costos asociados al proceso judicial.
Con estos desafíos presentes junto con los esfuerzos renovados hacia reformas estructurales necesarias dentro mercado laboral argentino queda claro que abordar estas problemáticas será crucial no solo para mejorar condiciones laborales sino también garantizar sostenibilidad económica futura.
