Ejecución Patrimonial en el Caso Vialidad: Avances Judiciales y Nuevas Implicaciones para Cristina Kirchner
el Tribunal Oral Federal 2 y la Orden de Ejecución
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha dictado una resolución que ordena la ejecución patrimonial de varios condenados en el caso Vialidad, incluyendo a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti. Esta decisión se produce tras un fallo favorable de la Cámara Federal de Casación Penal,que permitió avanzar hacia esta etapa con el objetivo de recuperar una suma total estimada en 685.000 millones de pesos, correspondiente a los daños causados por las actividades delictivas documentadas en este caso.
Conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez uriburu y Andrés Basso, el TOF 2 determinó que es necesario proceder con la ejecución sobre los bienes patrimoniales de los nueve condenados. La intención es garantizar que respondan solidariamente hasta alcanzar un monto exacto de 684.990.350.139,86 pesos.
Intimación al Pago y Plazos Establecidos
El pasado 15 de julio, el TOF 2 notificó a Cristina Kirchner y otros condenados sobre su obligación legal para realizar un pago voluntario del monto actualizado como decomiso.Este valor fue determinado tras revisar la sentencia emitida en diciembre del año anterior; inicialmente se había calculado un daño total cercano a los 85.000 millones de pesos.
Los peritos contables designados por la Corte Suprema confirmaron que este nuevo monto era correcto al momento del requerimiento formal para su pago. El tribunal estableció un plazo máximo de diez días hábiles para cumplir con esta obligación; sin embargo, dado que no se realizó ningún depósito en la cuenta designada dentro del tiempo estipulado, se activó automáticamente el proceso siguiente: la ejecución patrimonial destinada a cubrir los mencionados 685.000 millones.
Delitos Cometidos y Alcance del Decomiso
Una decisión clave adoptada por el tribunal fue definir claramente el periodo durante el cual ocurrieron las irregularidades financieras; esto permite identificar qué activos pueden ser objeto del decomiso —específicamente aquellos adquiridos entre los años 2003 y 2015— durante lo cual tuvo lugar dicha maniobra ilícita.
No obstante, aunque ya estaba autorizada esta ejecución patrimonial desde ese momento inicial tras no recibir pagos voluntarios ni respuestas satisfactorias ante las intimaciones previas al decomiso requerido por ley, su implementación fue postergada mientras se aguardaba una resolución sobre tres apelaciones presentadas por Cristina Kirchner ante Casación Federal.
La ex presidenta impugnó tanto la intimación como cuestionó tanto su validez como las bases utilizadas para calcular dicho monto reclamado por parte del cuerpo pericial contable vinculado a la Corte Suprema así como también argumentó contra competencia jurisdiccional afirmando que debía ser otro fuero —el Civil o Comercial— quien gestionara dicha ejecución.
Sin embargo todas estas apelaciones fueron desestimadas por parte del máximo tribunal penal lo cual habilitó al TOF 2 continuar adelante con este proceso judicial crucial; actualmente Cristina Kirchner enfrenta prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos debido a su condena relacionada con administración fraudulenta contra intereses estatales.
Perspectivas Futuras: Juicios Adicionales
Fuentes judiciales han indicado recientemente al medio Clarín que esperan tener claridad sobre este asunto antes de finalizar el año actual. En caso afirmativo esto coincidiría temporalmente con otro juicio significativo relacionado con corrupción donde también está implicada Cristina Kirchner: El debate oral sobre «Cuadernos de las Coimas» comenzará oficialmente el próximo seis noviembre; aquí ella figura como principal acusada enfrentando cargos graves tales como asociación ilícita bajo carácter jerárquico junto a cohecho.
