Renuncia del Concejal de Goya Tras Condena por Abuso Sexual
El concejal Guillermo Américo Córdoba, quien fue sentenciado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de al menos tres beneficiarias de programas sociales, presentó su renuncia este martes. La notificación fue entregada en la mesa de entradas del Concejo Deliberante, donde había asumido su cargo en diciembre pasado como parte del Movimiento Evita.
En un breve comunicado dirigido al presidente del cuerpo legislativo municipal, Pedro Casanni, Córdoba expresó que su decisión era “irrevocable” y que se sentía honrado por el apoyo recibido por parte de los ciudadanos. Sin embargo, argumentó que las acusaciones en su contra y el fallo inicial del Tribunal lo llevaron a priorizar la “institucionalidad” del Concejo Deliberante.
Córdoba enfrenta una condena por abuso sexual con acceso carnal, junto con otros dos casos relacionados con abuso sexual simple. Aunque los jueces decidieron que cumplirá la pena una vez que el fallo sea definitivo, él ha manifestado su intención de apelar ante instancias superiores para demostrar su inocencia.
Contexto Legal y Acusaciones
Las denuncias contra Córdoba fueron presentadas por tres mujeres vinculadas a programas sociales administrados por el Movimiento Evita en Goya. Una de las víctimas estimó que alrededor de 30 mujeres podrían haber sufrido situaciones similares, pero muchas optaron por no denunciar debido al temor a perder sus beneficios económicos.
Los incidentes ocurrieron entre 2021 y 2023 mientras Córdoba ocupaba un cargo como delegado en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Las víctimas relataron haber sido convocadas fuera del horario laboral bajo amenazas relacionadas con sus beneficios sociales.
A pesar de las graves acusaciones, Córdoba continuó ejerciendo como concejal incluso después de ser declarado responsable penalmente; el Concejo Deliberante no tomó medidas para destituirlo hasta ahora.
Detalles sobre la Sentencia
La semana pasada, los jueces Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carbajal comunicaron a Córdoba la pena impuesta: 13 años tras las rejas. Uno de los magistrados abogó por una detención inmediata; sin embargo, dos decidieron dejarlo libre bajo condiciones restrictivas.
Durante el juicio se solicitó inicialmente una pena mayor: hasta 20 años; sin embargo, finalmente se estableció un término menor debido a insuficiencia probatoria respecto a otros delitos imputados como coacción o privación ilegal de libertad.
Los hechos denunciados tuvieron lugar tanto en la sede local del Movimiento Evita como en el departamento personal del entonces funcionario nacional entre agosto y diciembre pasados. Las víctimas han señalado cómo estas experiencias han afectado profundamente sus vidas debido a situaciones económicas precarias.
La situación sigue generando repercusiones significativas dentro y fuera del ámbito político local mientras se espera cómo avanzará este caso judicialmente tras la apelación anunciada por Córdoba.
