Conflicto Institucional por la Ley de Discapacidad: El Congreso y el Poder Judicial en el Centro del Debate
La reciente promulgación de la Ley de Discapacidad por parte del Gobierno, seguida de su suspensión, ha generado un conflicto institucional significativo. Ante esta situación sin precedentes, el Congreso se muestra reacio a crear una nueva normativa y opta por recurrir al ámbito judicial para forzar su implementación. Legisladores de diversas fuerzas políticas consideran que será la Corte Suprema quien finalmente resuelva este enfrentamiento entre instituciones.
Denuncia Penal y Abuso de Poder
El diputado socialista Esteban Paulón ha tomado medidas legales contra Javier Milei, presidente del país, y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. La denuncia se basa en acusaciones de abuso de poder e incumplimiento en sus funciones como funcionarios públicos.
Paulón expresó a Clarín: «La suspensión efectiva para no aplicar la ley es una falta grave que ignora el proceso constitucional necesario para su creación.Aunque el Gobierno argumenta no tener claridad sobre cómo asignar los recursos requeridos para cumplir con la ley,ese mismo día se realizaron otras modificaciones presupuestarias sin inconvenientes».
Curiosamente, ese mismo día se publicó en el boletín oficial la Decisión Administrativa 24/2025 que ajustó el presupuesto aumentando los fondos destinados a la Agencia nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre.
La denuncia presentada por Paulón fue admitida en un juzgado federal subrogado por Sebastián Casanello.
Movimientos Legislativos y Cautelares
Mientras tanto, los legisladores están llevando a cabo reuniones estratégicas con organizaciones civiles y grupos legales para facilitar presentaciones judiciales como cautelares o amparos colectivos ante esta problemática.Una legisladora radical enfatizó: «El congreso no puede convertirse en una instancia adicional inexistente; las leyes son votadas y si son vetadas deben ser rechazadas o ratificadas. Ya hemos ratificado esta ley; ahora corresponde al Gobierno cumplirla».
Las diferentes bancadas coinciden en que es responsabilidad del sistema judicial garantizar su aplicación. Sin embargo,algunos sectores opositores están impulsando acciones políticas dentro del Congreso mediante una moción de censura contra Guillermo Francos que podría resultar en su destitución.
Juan Manuel López, líder del bloque Coalición Cívica, afirmó: «Promulgaron la ley pero decidieron suspenderla basándose en argumentos jurídicos débiles. La solución no radica únicamente en una moción; será necesaria una decisión firme por parte de la Corte Suprema».
Contexto Legal sobre la Ley
El 4 agosto pasado Milei vetó inicialmente la ley de Emergencia en Discapacidad; sin embargo, fue ratificada nuevamente por más dos tercios votos tanto en Diputados como posteriormente aprobada por Senado entre agosto y septiembre. A pesar esto último,
el Ejecutivo promulgó finalmente dicha ley pero condicionó su ejecución a determinar fuentes específicas para financiarla e incluir las partidas correspondientes dentro del presupuesto general.
Para justificar esta inacción respecto a lo aprobado previamente por el Congreso tras haber sido vetada inicialmente ,el Ejecutivo argumenta un supuesto incumplimiento con respecto a lo estipulado bajo las normativas administrativas financieras vigentes—en particular citando artículos específicos relacionados con gastos imprevistos—lo cual ha suscitado críticas desde diversos sectores políticos .
Los opositores señalan que según lo establecido también dentro misma legislación administrativa pública ,las decisiones relacionadas al monto total presupuestario son competencia exclusiva del Congreso mientras que permiten cierta flexibilidad al jefe gabinete respecto reestructuraciones necesarias siempre manteniendo límites claros establecidos previamente .
Un diputado opositor recordó: “Precisamente le otorgamos esa facultad al Ejecutivo porque confiamos debería ser capaz realizar ajustes necesarios conforme avance ejercicio fiscal”. Sin embargo cuestionan contradicciones evidentes cuando intentaron especificar formas concretas financiamiento sugiriendo recortes específicos .
Este panorama complejo pone sobre relieve tensiones existentes entre poderes estatales así como desafíos significativos hacia cumplimiento efectivo derechos fundamentales personas con discapacidad .
