La Controversia del Decomiso en el Caso de Cristina Kirchner: Un Análisis Detallado
Contexto del Decomiso y la Defensa de Cristina Kirchner
La defensa de Cristina Kirchner ha puesto en tela de juicio el índice utilizado por el Tribunal Oral para calcular la suma total del decomiso, que asciende a $684.990.350.139 (equivalente a 537 millones de dólares). En respuesta, el fiscal Diego Luciani ha desestimado estos argumentos y ha solicitado la ejecución inmediata de los bienes relacionados con este caso. La Cámara Federal de Casación Penal se encargará de dirimir esta controversia.
El próximo 11 de septiembre está programada una audiencia bajo la dirección del presidente de la Sala IV, Mariano Borinsky, donde se discutirá este asunto crucial.
El Recurso Interpuesto ante el Tribunal Superior
El expediente que examina el recurso presentado por la defensa fue admitido por el máximo tribunal penal tras una intimación emitida por el TOF 2, fechada el 15 de julio, que exigía un pago correspondiente al decomiso mencionado anteriormente. Esta cifra fue determinada tras actualizar un monto base establecido como fraude en relación con la causa vialidad; inicialmente fijado en 85 mil millones de pesos y confirmado por la Corte suprema en su fallo del pasado 10 de junio.
Carlos Beraldi, abogado defensor, argumentó que no se realizaría ningún pago relacionado con esa cantidad debido a lo que considera un cálculo erróneo. Además, solicitó que se transfiera este proceso al fuero Civil y Comercial para su ejecución patrimonial.
Respuesta del Ministerio Público
parte del planteamiento fue aceptado por los magistrados; sin embargo,respecto al decomiso y a las competencias dentro del fuero penal federal se requirió una opinión formal del fiscal Luciani. Este último recordó durante su intervención que “en este juicio quedó demostrado entre los años 2003 y 2015 una red corrupta sin precedentes en nuestra historia”. Según él, esta defraudación generó daños incalculables a las finanzas estatales.
Luciani subrayó también que “la principal responsable sigue utilizando diversas tácticas para evitar devolver lo obtenido ilícitamente”, enfatizando así su falta total de arrepentimiento ante las acusaciones formuladas.
Los fiscales Luciani y Mola sostienen firmemente que “la defensa ha buscado impunidad en cada fase legal” desde sus inicios hasta ahora.
Obligaciones Legales sobre Recuperación Económica
Al abordar los $537 millones establecidos como decomiso obligatorio según sentencia firme —tanto bajo legislación nacional como tratados internacionales— los representantes legales explicaron claramente: esta suma no es opcional sino mandatoria. Las ganancias derivadas del esquema fraudulento vinculado a las obras viales otorgadas a Lázaro Báez deben ser devueltas al Estado argentino sin excepción alguna.
Los fiscales insistieron en cumplir con esta obligación mediante «la entrega efectiva» requerida tras haber sido intimados legalmente. Dada la negativa persistente por parte condenados para restituir lo sustraído ilegalmente,afirmaron que es deber judicial asegurar respuestas adecuadas mediante dinero o bienes confiscados hasta alcanzar dicha cifra estipulada judicialmente.
Consecuentemente, solicitaron «la inmediata ejecución» sobre los bienes pertenecientes a Cristina Kirchner mientras rechazaban cualquier solicitud para suspender dicho proceso legal: “La negativa reiterada por parte quien lideraba esta defraudación representa un desprecio hacia tanto hacia este tribunal como hacia toda sociedad afectada”.
Discrepancias sobre Cálculos Financieros
El abogado Beraldi criticó duramente al TOF 2 señalando falta total fundamentación detrás sus decisiones: «A pesar notorias discrepancias entre metodologías propuestas para actualizar montos», argumenta Beraldi; «el Tribunal optó erradamente por utilizar índices inflacionarios sin justificar adecuadamente su elección».
Para determinar finalmente dicha cantidad cuestionable —$684.990.350.139— varios cálculos fueron considerados durante deliberaciones previas; peritos contables concluyeron así mismo basándose también informes presentados desde Ministerio Público Fiscal donde seis diferentes estimaciones fueron expuestas —con valores máximos alcanzando hasta $723 mil millones usando CER-BCRA— pero coincidiendo finalmente con cifras oficiales cuando aplicaron índices inflacionarios INDEC ($684 mil millones).
En contraste directo con estas cifras oficiales está José Lucas Gaincerain quien actuando como perito defensor concluyó sugiriendo un monto mucho menor: solo $42 mil millones debían ser considerados responsables frente al decomiso requerido.
