Rechazo a la demanda de Cristina Kirchner: Un Nuevo Capítulo en el Caso Vialidad
Contexto del Conflicto legal
El segundo intento de Cristina Kirchner para que se cierre una demanda civil por 22.300 millones de pesos, iniciada durante la administración de Mauricio Macri y continuada por el actual gobierno, ha fracasado nuevamente.Esta demanda está relacionada con obras adjudicadas a Lázaro Báez, las cuales, a pesar de haber sido pagadas, no fueron completadas, lo que habría generado un daño significativo al Estado. La Sala III de la Cámara Civil desestimó este nuevo planteamiento.
La defensa de la ex vicepresidenta, liderada por Luis Goldin, había solicitado previamente ante el juzgado del magistrado Marcelo Bruno dos Santos que se declarara la caducidad del proceso.
Argumentos Presentados y Decisión Judicial
En su apelación ante la Cámara, Cristina kirchner argumentó sobre la falta de interés mostrado por parte de la Dirección Nacional de Vialidad en avanzar con esta reclamación multimillonaria. Sin embargo,los jueces rechazaron su solicitud en un fallo extenso al que tuvo acceso Clarín. En este documento judicial se destacó que los argumentos presentados confundían los conceptos relacionados con la caducidad del proceso y aquellos vinculados a la admisibilidad del recurso.Los magistrados también señalaron una contradicción en el razonamiento expuesto por Kirchner: si las decisiones inapelables pudieran ser cuestionadas cada vez que se demostrara un error judicial sobre el fondo del asunto, esto implicaría que siempre serían susceptibles a apelaciones contrarias a lo estipulado legalmente. Este enfoque fue considerado carente de rigor lógico y vació el texto legal aplicable.
El abogado defensor argumentó además que no ha habido avances significativos desde el 19 de octubre pasado; sin embargo, esta afirmación fue desestimada por los jueces quienes aclararon que entre marzo y septiembre no transcurrieron seis meses como para justificar una declaración formal sobre caducidad.Es importante recordar que durante el mandato presidencial anterior bajo Alberto Fernández no se instruyó adecuadamente a los abogados estatales para proseguir con esta acción contra quien ocupaba entonces la vicepresidencia; Carlos Zannini era quien dirigía dicha oficina legal estatal.
Implicaciones Económicas y Futuras actualizaciones
Como resultado directo del fallo reciente, esta millonaria demanda sigue activa y será actualizada conforme avance el caso relacionado con Vialidad. Según reportes previos publicados por Clarín, cuando comenzó este litigio penal relacionado con 51 licitaciones otorgadas a Lázaro Báez se estimaba un monto total cercano a 46.000 millones de pesos; sin embargo, las sentencias posteriores indicaron una defraudación calculada en aproximadamente 85.000 millones debido al ajuste inflacionario aplicado según índices económicos pertinentes.Los jueces identificaron dos áreas clave donde se evidenció perjuicio económico: primero estaba relacionado con las diferencias entre los montos establecidos inicialmente para cada obra frente al precio final contratado —resultado evidente debido al comportamiento cartelizado observado durante las licitaciones—; segundo estaba vinculado directamente con sobreprecios detectados en varias obras viales analizadas mediante pericias oficiales.
Dado estos nuevos criterios e información actualizada respecto al daño económico causado al Estado argentino —que supera considerablemente lo inicialmente demandado— es probable que esta cifra continúe creciendo conforme avancen las investigaciones relacionadas tanto civiles como penales bajo el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei quien ha manifestado su intención firme hacia continuar este reclamo estatal: “es un reclamo legítimo”, afirmaron fuentes oficiales consultadas recientemente.
Este desarrollo resalta cómo cuestiones legales complejas pueden tener repercusiones significativas tanto políticas como económicas dentro del contexto argentino contemporáneo.
